LO QUE HUELE MAL CON LA NUEVA PTAR DE GIRARDOTA

 

Protesta por PTAR Bello. Foto: El tiempo. 

Por Cristian Zapata

De la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- en el sector San Diego sabían tanto la anterior administración de Diego Agudelo, como la del actual alcalde Kevin Bernal. Aunque sus seguidores ahora se traten de culpar mutuamente, lo cierto es que ninguno de los dos mostró voluntad de oponerse y proteger a los pobladores que están en riesgo de ser afectados. De igual forma, los defectos que trae el proyecto, y sus probadas ilegalidades, no han podido ser esclarecidos por EPM. De todo existen pruebas, como se pasará a mostrar.

Empecemos con hablar del proyecto. Se trata de una PTAR que tratará las aguas negras para disminuir la contaminación del río Medellín. El proyecto hace parte del denominado Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- aprobado desde el año 2018 por parte del Área Metropolitana -AMVA- en la Resolución Metropolitana N° 03338.

Sin embargo, aquí se genera la primera gran duda. El PMSV al principio no contemplaba la construcción de una PTAR en Girardota. Pero en el año 2022, y de forma sorpresiva, EPM quiso radicar ante la autoridad ambiental una modificación a ese plan inicial, contemplando ahora varias PTAR independientes para cada uno de los municipios del norte del Valle de Aburrá. De la modificación del plan inicial, sin mayores explicaciones, quedó registro en el Auto No. 0005065 de noviembre 23 de 2022, del AMVA, que cualquier puede consultar. (Ver documento.)

Fuente: acta AMVA diciembre 2023.

A contaminar vamos pal norte

Pero además del intempestivo cambio de planes, las nuevas PTAR pensadas generan un trato injusto e inequitativo para los municipios del norte del área metropolitana, imponiendo cargas excesivas que tienen que soportar desproporcionadamente en favor de otros municipios. Según el plan, se contempla la construcción de cuatro PTAR: la planta de San Fernando, que ya funciona en el municipio de Itagüí; la planta de Aguas Claras, que opera en Bello bajo las quejas ciudadanas por todos conocidas; y, adicionalmente, dos plantas nuevas por construir en Copacabana y Girardota.

Aquí se puede advertir el reparto injusto: para tratar las aguas vertidas al río por los 10 municipios del área metropolitana se piensa construir cuatro PTAR; pero tres de ellas ubicadas todas en el norte del valle de Aburrá y a pocas distancias unas de otras. Por tanto, serán esos municipios del norte quienes más tengan que soportar los efectos nocivos en su territorio; municipios que además son los menos poblados de la región.

Caso contrario, para los municipios del sur, muchos más urbanizados y densificados, apenas se contempló la construcción de una sola PTAR, y acaso en los extramuros, cuidándose de no deprimir los suelos más caros y atractivos para el mercado inmobiliario. Adicionalmente, como si fuera poco, Medellín, la ciudad que más carga contaminante le aporta a sus aguas y al río, no debe asumir ni soportar en su territorio la operación de ninguna PTAR. (Ver Mapa de PSMV).

Fuente: presentación del PSMV difundida por EPM.

La injusticia es evidente pero tan vieja que, como dice Inodoro Pereyra, ha hecho que estemos “mal, pero acostumbrados”. Esta concepción de imponer a los municipios del norte todas las cargas ambientales y sociales en beneficio del sur “bonito” del área metropolitana ha sido la dominante en la región desde hace por lo menos 50 años. Por eso en el norte construyeron las cárceles, los manicomios y los basureros. Y dentro de los municipios del norte, la mayor carga la ha tenido que llevar siempre Girardota, municipio al que decidieron tratar como una zona de sacrificio donde se iba a “guardar” todo lo feo que no soportaban en ningún otro sitio.

Por eso en Girardota ubicaron las canteras de explotación de minerales más grandes e indeseables para el paisaje; por eso ubicaron también al más grande cementerio de carros chatarra (35.000 motos y 4.625 carros, destilando drenajes y óxido en tierras del municipio); por eso ubicaron la industria más contaminante (petroquímicas) y por eso toleraron que funcionaran con la energía más nociva para la calidad del aire (el carbón). Girardota es el “patio de reblujo” del área metropolitana, y esto ha obedecido a decisiones de gamonales regionales, y a la perversión de una clase política local que no protege a sus habitantes.

Incluso en la actualidad, Girardota ya recibe los lodos contaminados que extraen de la PTAR de Bello y que botan en una de sus canteras. Pero como si todo esto no fuera ya suficiente, a las cargas ambientales y sociales que debe soportar el municipio ahora se decide sumarle una PTAR más en su territorio; a construirse justo en frente de terrenos de la empresa Akzonobel Interquim, y a pocos pasos de donde opera las más grande termoeléctrica a carbón y la cantera a cielo abierto más extensa de la región (ver Mapa).

Fuente: Acta del AMVA, diciembre de 2023,

Es el caso más gráfico que he visto de eso que los jueces llaman un atentado a la justicia ambiental, con el más inequitativo reparto de cargas y beneficios ambientales. Un fenómeno que algunos académicos como David Harvey denominan “el colonialismo tóxico”. Esto es: las grandes ciudades exportan los problemas ambientales que generan a sitios donde “no se vean”, aprovechándose de la vulnerabilidad del territorio y de su clase política, la cual es mucho más fácilmente corrompible.

Sé lo que hicieron en la alcaldía pasada… (y en ésta)

Los efectos nocivos de una PTAR se pueden manifestar en olores insalubres para los vecinos del sector, aupados por los vientos. Así mismo, la norma que regula las PTAR, la Resolución 330 de 2017, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, obliga a que una construcción de esa envergadura deba guardar unas distancias obligatorias con los centros poblados vecinos; distancias que van desde 100 a 500 metros dependiendo de la tecnología con que opere (ver cuadro de la norma).

Si se construye una PTAR existiendo viviendas en esa zona de retiro que contempla la norma, éstas deberán ser reubicadas; y nada genera más problemas sociales para una alcaldía que un reasentamiento hecho a la fuerza. En el país ningún reasentamiento de viviendas ha resultado exitoso y todos traen traumatismos entre la comunidad y las entidades que nunca se solucionan.  

La futura PTAR de San Diego presentaría ambos problemas. No están protegidos sus vecinos de los malos olores, y no guarda las distancias de norma con las viviendas vecinas. Y de ambas cosas estaba enterada la administración del anterior alcalde Diego Agudelo; al punto que adquirieron unos compromisos para revisar ambos puntos. Compromisos que nunca fueron cumplidos tal y como quedó consignado en un documento oficial del Área Metropolitana. Al respecto se puede revisar el acta elaborada después de la reunión mantenida el 20 de diciembre de 2023, donde el AMVA dejó claro que no iba a autorizar ni a concertar el proyecto de Plan Básico de Ordenamiento Territorial que quería adoptar el municipio.  Ello debido, entre otras cosas, a que la alcaldía estaba obligada a generar unas reuniones de trabajo con las autoridades ambientales y con EPM, para revisar la localización de la PTAR de San Diego y la atención a sus malos olores. (ver apartes del Acta).

Como puede apreciarse, el acta muestra entonces que la alcaldía pasada estaba enterada de los líos que traería la futura PTAR, y que el AMVA puso como condición para aprobar su PBOT el tener que atender dichos problemas. Cosa que nunca se hizo. Dicho documento lo conocía por lo menos el anterior Secretario de Planeación (quien lo firmó) y el Concejo Municipal (que supuestamente vigiló la formulación del frustrado PBOT). Por eso resulta insólito que antiguos funcionarios de la anterior alcaldía, y concejales que fueron sus aliados, ahora pretendan mostrarse falsamente sorprendidos, exigiendo, entre gritos de supuesta indignación, que dizque no se permita la instalación de una PTAR que hasta hace poco pasaron por alto, y que ahora sí les preocupa, cuando, coincidencialmente, ya no tienen alcalde de bolsillo a quien cuidarle las espaldas.

De la misma manera, igual de insólito resulta el silencio de esta nueva administración con un proyecto tan delicado para el bienestar de la comunidad. Sobre todas las irregularidades de la nueva PTAR aquí descritas no se ha tenido un solo pronunciamiento de esta alcaldía, y nada se ha comunicado a los vecinos del sector; mostrando una apatía con los problemas ambientales que parece ser característica. Y llegando a niveles desconcertantes, como cuando hace apenas unos días un concejal (Robert Marulanda), ahora oficialista, llegó a afirmar en desafortunado comentario que el proyecto “tenía que hacerse”, sin preocuparse demasiado en conocer los problemas aquí descritos.

Mencioné más arriba cómo el colonialismo tóxico que funciona en el mundo de hoy busca esas zonas de sacrificio donde vaciar toda la contaminación de las grandes ciudades, y que, para eso, elige las zonas con la peor clase política. En los ya varios años de seguir el caso de Girardota, primero por razones académicas y virando luego al activismo, me atrevo a formular una regla común advertida entre los dirigentes involucrados: Todos son ambientalistas hasta que se vuelven funcionarios. Mientras las víctimas de la contaminación, muertos incluso, sirvan para ganar votos y llegar a sus puestos, abanderan su causa. Pero ese impulso dura hasta que logran tener un jefe político qué defender y un estatu quo a mantener.

La afectación de esta nueva PTAR puede ser el golpe de gracia para el medio ambiente de Girardota. Pero del mismo modo, pensando de otra forma, podría ser una oportunidad para que ambos bandos políticos dejen de lado la mezquindad de echarse culpas que ambos deben cargar, y demuestren que en verdad les importa la gente. Después de todo son funcionarios antes que políticos, primero deberían hacer su trabajo y después cuidar sus puestos.