La Administración Municipal: en contravía de la constitución y la pobreza

Así se encontraban los rieles del sector San Francisco, en Juan Cojo, antes de la pavimentación. 

Por Jairo Ramírez
En el sector San Francisco de la vereda Juan Cojo, la Administración invirtió 90 millones de pesos para cofinanciar la pavimentación de una vía que se encontraba en condiciones aceptables en comparación con otras vías terciarias del municipio que requieren atención inmediata. La obra genera indignación sobre todo porque quienes resultan beneficiados son los menos necesitados. 



Según el artículo primero de la Constitución Nacional, “Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Además, según el artículo 64, es deber del Estado promover la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, el crédito, las comunicaciones y la comercialización de los productos de los campesinos, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. También, para la Constitución, la producción de alimentos debe gozar de especial protección del Estado, para lo cual debe otorgarse prioridad al desarrollo de las actividades agrícolas, incluidas la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras (Art. 65). La función administrativa, para la Carta, debe estar al servicio de los intereses generales, no particulares (Art. 209). Finalmente, en la asignación de recursos en los presupuestos, deberá darse prioridad a los gastos destinados al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, (Art. 366).

Aunque varios trayectos presentaban deterioro, la mayor parte de los rieles se encontraban en buen estado.

En Girardota, la administración municipal -entiéndase Alcaldía y Concejo- desarrollan programas contrarios a la letra y al espíritu de la Constitución y en contravía del interés general.

Según los estudios previos del contrato, el total de vías terciarias del Municipio de Girardota es de 83,77 kilómetros de los cuales 25,38 km se encuentran en buen estado; 43,28 km se encuentran en regular estado y 15,10 km en mal estado. Esto, sin contar los ramales y accesos a sectores rurales del municipio. Es decir que entre las que están en regular y mal estado tenemos más de la mitad de las vías del municipio en precarias condiciones. Muchas de ellas no tienen ni un solo riel, y en invierno son un verdadero dolor de cabeza para las comunidades. Los ejemplos abundan. 

Recientemente se suscribió un contrato, por valor aproximado de sesenta millones de pesos (60.000.000$), para pavimentar una vía de 400 metros, en la vereda Juan Cojo, vía que en lo fundamental solo beneficia predios de recreo pertenecientes a personas de altos recursos económicos. Aunque la inversión real fueron 90 millones. Tamaña inversión no tiene justificación alguna: no favorece actividades prioritarias como la producción agrícola y, en especial, la de alimentos; no mejora significativamente el ingreso, la calidad de vida de los campesinos y no se encamina a favorecer el bienestar general de la población. Para colmo, la vía se encontraba en buenas condiciones, con rieles en buen estado.

En el mismo sector, gran parte de la vía se encuentra en pésimo estado, sin ni siquiera un riel.

Los estudios previos dicen que la vía se construye por dos razones: Porque los rieles que había estaban muy deteriorados (¡al menos habían!), y porque allí se encuentran los Hermanos contemplativos del Carmelo, quienes según los mismos estudios, manifestaron  intención de aportar recursos. Y porque el sector es “muy concurrido por el asentamiento de la ya citada comunidad”. 

Mientras esta zona no tiene condiciones para ser transitada, más abajo tumbaron los rieles que otra comunidad necesitaba.

Efectivamente la obra se hace hasta la entrada del monasterio, que coincide con la entrada a otros predios particulares. De ahí en adelante, la vía sigue destapada. A mano izquierda, hay un sector al que ni siquiera le han instalado un Boxcoulvert para atravesar la quebrada, y cuya vía se encuentra en pésimas condiciones. Así que el municipio  decidió apoyar la demolición de los rieles que la gente de más arriba necesitaba, para pavimentarle la vía a los menos necesitados. 

Entretanto, veredas como el Yarumo, Jamundí, El Barro, El Socorro y Potrerito, entre otras, poseen vías en pésimo estado, que dificultan a sus habitantes su desplazamiento, su avituallamiento y el transporte de sus productos a los centros de comercialización.

Lo ideal sería, desde luego, que todas las vías veredales fuesen pavimentadas. Pero como los recursos son insuficientes, se trata de definir prioridades, como lo ordena expresamente el Art. 65 de la Constitución, sobre la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras para el desarrollo de las actividades agrícolas.

¿Tuvo criterios la Administración Municipal para celebrar ese contrato de pavimentación? . Según  algunas voces, que al parecer están en lo cierto, se buscaba acallar a algunos poderosos influyentes, hasta hoy críticos de la administración. Pero si buscamos un criterio objetivo, se diría que el mejoramiento de vías se inició teniendo en cuenta el orden alfabético de los apellidos de los dueños de predios. A ese paso, los Torres, los Vargas y los Zapata tendrán que soportar el estado miserable de sus caminos, hasta el año 3000.

Señor Alcalde, ¡qué golazo le hicieron!. Ojalá los campesinos pobres también tengan buena puntería, así sea a punta de penaltis.

Recuerde lo que la Constitución Nacional le ordena: el interés general prevalece sobre el particular; debe darse prioridad a la actividad agrícola, en especial a la de producción de alimentos; debe combatirse la desigualdad social, en vez de acentuarse favoreciendo a quienes de todo disponen. Se cumple, en este caso, a cabalidad con la sentencia de Solón Becerra: “AL PUEBLO NUNCA LE TOCA”