La Alcaldía de Girardota, en la ejecución de varios contratos, “no protege la moralidad administrativa de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual”: Contraloría General de Antioquia.
Un informe técnico (descárguelo aquí) de una comisión delegada por la Contraloría de Antioquia, dio a conocer las irregularidades halladas en la auditoria a la contratación realizada por la alcaldía de Girardota durante el periodo de la emergencia por el Covid-19.
No parece ser un buen mes para el alcalde. Ha sido mencionado varias veces en ruedas de prensa de la Procuraduría Nacional y la Fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación. La Contraloría de Antioquia presentó el mencionado informe (leer) donde se detallan 13 hallazgos con connotación disciplinaria y 3 con connotación fiscal.
Entre ellos, los contratos 066 por valor de $50.373.750 para comprar gel antibacterial y 076 por $110.500.000 para comprar tapabocas, según el órgano de control, presentan los siguientes hallazgos:
A parte de que no reportan información en el portal de contratación del Estado, la Contraloría cuestiona el por qué se hizo un estudio de mercado en Girardota para un producto que fue comprado finalmente en Medellín.
¿Por qué no se hizo, entonces, el estudio en Medellín? A juicio de la entidad, dicha omisión vulnera el principio de selección objetiva y de responsabilidad.
Por otra parte, los informes entregados por la Alcaldía (en los que sólo presentaron fotografías) “no suministraron evidencias que puedan cuantificar las entregas” de los productos contratados. “Al no poder cuantificar las entregas en un contrato por los organismos de control, representa una lesión del patrimonio público”.
Por su parte, el contrato 072 por $12.261.760 para comprar 4 computadores y 4 diademas tampoco contempla estudios de mercado o, como mínimo, análisis de mercado y de costos; y no hicieron públicos los documentos completos en el portal de contratación del Estado, SECOP “lo que dificulta la auditoría y el control social a dicho contrato”.
La obligación de publicar todos los procesos de contratación se establece en el decreto de 1082 de 2015.
El contrato 073 por $149.950.000 millones para alimentar al personal operativo y de asistencia durante la epidemia tampoco contempló estudios o análisis de mercado y de costos con el fin de optimizar recursos. La contraloría cuestionó “que no haya una supervisión adecuada sobre el contrato”.
Sobre contrato 071 de 2020 por $162.400.000 para el suministro de paquetes alimentarios, la contraloría señaló que “en su etapa precontractual y contractual no se establece la cantidad de paquetes nutricionales a contratar, ni el contenido, ni el valor de dichos paquetes”. Y en el otrosí por 62.400.000 dice que “no se evidencia la justificación, la conveniencia y oportunidad de modificar y adicionar el contrato. Tampoco establece cantidades, ni el contenido, ni el valor”.
“Se logró determinar una clara falta a los principios de la contratación estatal como lo es el de planeación. Se debió establecer como mínimo la cantidad de familias perjudicadas en su seguridad alimentaria. Por esa falta de claridad, se vulnera el principio de transparencia consignado en la Ley 80.”
Aunque los precios de los productos “están muy cerca a los del mercado” la contraloría sostiene que “faltó elaborar un estudio del mercado local, o como mínimo análisis de mercado y de costos con el fin de optimizar recursos, ya que el proveedor registra su domicilio en el municipio de la Dorada, Caldas”, vulnerando, otra vez, el principio de responsabilidad y selección objetiva de la Ley 80.
Pero las irregularidades no paran allí. Y quizás este sea uno de los contratos que más suspicacias ha generado. Y por lo visto no era infundadas. Además de evidenciarse que concejales, y hasta familiares del Alcalde, participaron en la distribución de los mercados (recuérdese la advertencia del Procurador https://tinyurl.com/yabcplb6) la contraloría encontró que “el contenido de las planillas presentan irregularidades, en cuanto adolecen de información (…) listados sin firma del beneficiario, sin cédula, sin fecha de entrega y planilla diligenciadas que corresponden a distintos formatos y no especifican sin hacen parte de la ejecución del contrato 071”.Es decir, planillas cuyo encabezado estaban en blanco.
Y no solo eso. Eran diferentes formatos. Y la cantidad de mercados soportados en dichas planillas eran 6.139 “cifra que en primera medida no coincide con los 5.800 paquetes alimentarios que cobra el contratista”.
La Contraloría es concluyente al decir que la Alcaldía, en la ejecución de varios contratos, “no protege la moralidad administrativa de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual”.
Esperemos que ahora sí el alcalde de las justas explicaciones.
