Participación ciudadana

Por Mauricio Hoyo

 El llamado Comité pro defensa de los Servicios Públicos, de Asocomunal, viene repartiendo por estos días un fuerte comunicado titulado: “El concejo municipal no le marcha al pueblo, ¿por qué?”

Con mayúsculas, en el primer párrafo, afirman con gravedad que el Concejo es “enemigo del control político y social”, pues les negó el derecho a hacer dos cabildos abiertos durante las sesiones ordinarias de febrero pasado. 

La razón de la negación del concejo (en carta fechada el 7-02-13) es clara, el escrito es “irrespetuoso y utiliza un lenguaje ofensivo hacia la autoridad”. Puesto que según la ley el cabildo abierto cuenta como una “solicitud de información” colectiva, la jurisprudencia sostiene que dicha solicitud debe ser respetuosa, pues de lo contrario no “nace a la vida jurídica”, es decir, puede ser negada.

Formalidades

El “derecho de petición, cabildo abierto” se radicó el día 22 de enero del año en curso.

El tono del primer párrafo era el indicado: “En armonía con el artículo 103 de la C. P… que establece los mecanismos de participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control del poder político, respetuosamente y en consideración a que el Concejo debe, en cada periodo de sesiones ordinarias por mandato Constitucional, realizar como mínimo dos cabildos abiertos…”

Agrega los temas, en el siguiente Orden: “Contaminación ambiental, desarrollo local, económico y social dentro de la planeación participativa”.

El problema fue una misiva adjunta dirigida a los “Señores Concejales”, radicada con el mismo número (000275), donde el grupo de firmantes da una furiosa primera embestida:

“El control político por parte de las corporaciones  ya sea a nivel nacional y regional no existe: todo por el burocratismo y clientelismo existente en ellos y en los entes de control (…) al ejecutivo no le gusta que lo controlen”.

Alegaban que no les importaba casi nada por lo que el Alcalde se da “vitrina  y gasta inmensas cantidades de dinero del erario público en lujosas revistas”. Otras son sus preocupaciones. Se apuntala con la esperanza de que el Concejo “se dedique más a servirle al pueblo que al clientelismo y burocratismo de la Administración”.

Para el grupo no son acusaciones infundadas ni irreales, pues cuentan con evidencias.

Días después

Envían una segunda comunicación al presidente del Concejo,  Alejandro Posada, especificando los temas a trabajar en el cabildo: 1) Diseño del Plan de Desarrollo, 2) Aprobación y control del Plan de Desarrollo, 3) Recuperación de zonas inestables, medio ambiente, productividad, vivienda rural, etc, 4) Acueductos rurales, agua potable, saneamiento básico, contaminación ambiental, productividad y salud, 5) Generación de empleo de calidad, 6) POT –PBOT- PDM, 7) Intercambio Vial, 8) Acción de repetición, 9) Desarrollo comunitario, Participación ciudadana y organización social, 10) Matadero municipal y finanzas públicas, 11) Hospital Municipal.

Como en la respuesta citada del Concejo se aludía a que algunos de estos temas no eran de interés público y otros no eran de competencia de la corporación. Para este informe indagamos por ello y el presidente Alejandro Posada asumió su error en dicha respuesta, afirmando la “pertinencia” de dichos temas y la clara competencia del Concejo.

Control político en Girardota

El grupo pro defensa de los Servicios Públicos tiene una experiencia larga en investigar la Administración, aplicando para ello el artículo 23 de la C. P, que consagra el derecho de petición: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.

El espíritu de dicha norma está sintetizado bien en estas líneas del Consejo de Estado (Bogotá, 26 de mayo de 1976):

“…los ciudadanos tienen la facultad de ejercer una vigilancia sobre la conducta pública de los agentes del Estado y el derecho de controvertir o discutir privada o públicamente las actuaciones y las decisiones de los gobernantes y, en general, todos los órganos investidos de autoridad pública”.

Es lo que más interesa resaltar en esta oportunidad.

Por ello es que el comité pro Defensa de los Servicios públicos de Girardota es una escuela de control político y veeduría, a la que por demás el Concejo y la Administración han respondido todas sus solicitudes.

El problema fue que con el temario enviado al Concejo con antelación, se les fueron a los solicitantes otro montón de palabras que ofenden, naturalmente, al Concejo (“mermelada”, “burocrático”, “clientelista”, “cómplice de la politiquería y la deshonestidad ejercida por el Alcalde”), a la Administración y a las organizaciones sociales (“no actúan”, con profesionales que dejan “a la comunidad desamparada, sometida a las falsas y mentirosas promesas de la administración, es decir, a merced del burocratismo, populismo y clientelismo”).

Cuando nos reunimos con ellos los encontramos igual de enconados contra el Concejo. La comisión nombrada por el concejo en noviembre del año pasado para conversar el asunto del cabildo abierto, no se reunió nunca con el comité. Los unos dicen que los otros nunca se acercaron y viceversa. Hubo falta de comunicación entre las partes. Y es lo que explica la gran distancia que hay entre ellos actualmente.

Pero lo que ha venido exasperando al comité frente a los derechos de petición, según Julio Osorno Piza, es que la mayoría de derechos de petición los ha dejado “insatisfechos, pues casi todos los derechos de petición les llegan inconclusos”.

Lo que les ha demostrado las dificultades que tiene la Administración para manejar la información y disponer de ella de manera oportuna.

Máxime cuando en el paso de una administración a otra se pierden tremendos documentos (caso concreto, los diseños de la circunvalar que pagó la administración de Ochoa).

Entidades de control dudosas

Lo otro que más los hace mantenerse en su dureza es la poca respuesta de las entidades de control ante las numerosas denuncias, pues terminan favoreciendo siempre a los políticos de turno y a los contratistas.

Dice Osorno Piza que “si la corrupción está en todos los niveles de la administración pública, las entidades más corruptas son la contraloría y las procuradurías”.

Lo dicen con razones de peso: “allá han engavetado todas las investigaciones sobre Girardota  por orden de un gobernador, un diputado, o de los mismos alcaldes”. 

Detrimentos patrimoniales evidentes para la comunidad, no son vistos así por estas instituciones. 

Es lo que va sublevando los ánimos de la gente. 

El Concejo

Uno de los firmantes de la solicitud, el señor Nelson Salas,  escribió posteriormente al concejo una contrarespuesta: “Observo en la negativa del cabildo un aire de orgullo desmedido, al sentirse ofendidos por tan insignificante trato”.

No obstante el concejal y actual presidente del Concejo, Alejandro Posada,  resalta la importancia del respeto en política, como base del diálogo civilizado.

Muchos de los temas propuestos para el cabildo ya se han discutido en el Concejo, incluso muy acaloradamente, lo que hace que resulte desinformado decir que el Concejo rehúye debates. 

Ahora, la dureza de los temas propuestos para el cabildo no los ha disuadido de hacer el cabildo abierto, “sí queremos hacer  el cabildo abierto”.

El comité pro defensa de los servicios públicos, por su parte, tiene un ímpetu que es bueno atizar y aprovechar, para apurar soluciones políticas a muchas problemáticas del Municipio o de nada habrá servido su experiencia.

“No mantenemos un peso, somos pidiendo limosnas para hacer estas cosas”, afirma uno de ellos.

Es triste que no se preste apoyo a estas organizaciones para que se fortalezcan y eleven el nivel político de la población.

Por otra parte, es importante notar que aquí hay dos agendas que no necesariamente tienen que ser la misma, la del “control político” que intenta el comité pro Defensa de los Servicios Públicos, y la del Concejo, que naturalmente tienen distintas prioridades.

En el Concejo Municipal los temas que se estarán discutiendo en las próximas sesiones comprenden: Plan Básico de  Ordenamiento Territorial, actualización catastral, estratificación rural, visibilizar procesos de contratación, planes de acción, ejecución presupuestal, medio ambiente.

Son temas que igual preocupan a los veedores y mal harían en dejar de participar, por supuesto, sin violar normas básicas de cordialidad.