Crónica de una demolición anunciada

Ante la insistencia de cerrar el broche tuvo que intervenir la policía.

Texto y fotos: Carlos Orlas

En Colombia, cuando se trata de demoler un barrio de invasión con casas de plástico y madera, la efectividad es inmediata. Igual pasa con las recuperaciones de tierras de los indígenas Nasa del Cauca: se toman una hacienda, construyen su hábitat que depende en gran medida de tener comida sembrada en abundancia, y ahí mismo llega el Estado a destruir y desalojar. No pasa lo mismo con los abusos y expropiaciones de lo común que hacen algunos ciudadanos con cierto nivel de poder e influencia en los gobiernos locales.

El caso que se narra a continuación sucedió en la vereda Manga Arriba de Girardota, sector Los Martínez. Allí dos ciudadanos propietarios con influencia en la secretaría de planeación de las últimas tres administraciones, y uno de ellos amigo personal del (ex)Personero municipal Guillermo Vélez, cerraron un camino común o servidumbre para construir una cancha sintética que alquilan, y también una edificación de tres pisos, ambas construcciones se hicieron sin respetar los retiros al cuerpo de agua y sin licencia.

Parte del camino que la comunidad ni los arrieros de la panela pueden transitar porque se cierra con un broche que lo interrumpe abruptamente antes de llegar a la parte pavimentada que llega hasta la cancha.

El otro agravante es que dejaron sin paso a cerca de 36 familias, la mayoría sembradoras de caña de azúcar para los trapiches paneleros, y otros tantos trabajadores de la industria. Tienen que atravesar un lodazal para poder salir de su caserío y pasar por un camino improvisado, rodeado de toros, incluyendo a las señoras de mayor edad y con dificultades de movilidad que quedaron sin vía transitable. Varias tuvieron que desplazarse forzosamente después de vivir más de 50 años en la vereda, por no tener acceso transitable a sus casas ni el camino natural habilitado.

Los hechos

En comunicado de la Personería remitido al alcalde el 12 de mayo de 2009, los señores Ramiro Martínez Arias y Omar Martínez Arias (propietarios) y el Personero Municipal Fernando Córdoba junto con un representante legal de la familia, se reúnen y dan “Respuesta a Solicitud elevada por la comunidad de Manga Arriba Sobre mejoramiento de Camino Sector Martínez (sic)”.

Acordaron 3 puntos, ninguno se cumplió. Solamente esperaron que les llegara la placa huella hasta su propiedad, y ahí cerraron el camino con un broche y comenzaron sus construcciones ilegales, cerrándole además el camino a la comunidad. Primero con una cancha sintética, y luego, ya con el predio de Ramiro Martínez en propiedad de Néstor Arango, una construcción de tres pisos donde supuestamente iba a construir una pesebrera. Este último ya es conocido en la vereda por “construir donde sea” en varios puntos de la vereda, con el beneplácito de varios funcionarios de la secretaría de planeación. En el siguiente documento se muestra que desde el 2009 ya se había acordado respetar el camino de servidumbre:

Consultamos a uno de los firmantes y propietarios, Omar Martínez, y este sin sonrojarse aduce que firmó sin saber y que tenían que haber firmado los vecinos implicados. Desconoce la legitimidad del reclamo comunitario bajo el pretexto de que el camino está en la propiedad privada y por eso lo cerró con portón.

La otra irregularidad es que el material que bajaron por la vía hasta el puente, cada noche se iba desapareciendo del punto, a 15 metros de donde los propietarios no querían dejar el paso en lo que se conoce como el punto crítico. Solamente se construyó un puente que hasta el día de hoy está abandonado, en ese momento costó 60 millones, hace 17 años, del que solo se ejecutaron una tenor o tubería y dos vigas.

 

Detalle del puente y al fondo la edificación que obstruye el camino. Por orden de un juez debe ser demolida junto a la cancha.

El señor Omar Darío Martínez, en el año 2012, decidió construir una cancha sintética en la manga del frente de su casa, sin respetar los retiros mínimos al camino de toda la vida y al cuerpo de agua en este sector conocido como los Martínez. Y Néstor Arango levantó un edificio de tres pisos. Mejor dicho: esperaron que la alcaldía les hiciera el camino, cerraron el paso con un broche y amedrentaron durante años de manera violenta a varios vecinos para que no usaran el camino. La cancha la alquilan. Ni en pandemia la prestaron a los niños, pero sí se ha visto a funcionarios de la dependencia de medio ambiente jugando fútbol allí, también durante la pandemia.

Cancha sintética a ser demolida por orden judicial.

El 23 de mayo de 2012, Corantioquia empezó el procedimiento sancionatorio ambiental (130-AN-13002-340) en contra del señor Omar Darío Martínez, quien nunca acató la norma y hubo negligencia por parte de todos los entes administrativos, incluyendo la del Personero de la época Guillermo Vélez, a quien se le veía tomando Wisky con el propietario de la cancha en la licorera que este poseía en Palmas del Llano. 

Finalmente Corantioquia mediante resolución 160AN-1504-27065 del 30 de abril de 2015 decide procedimiento sancionatorio consistente en sanción pecuniaria y demolición de la cancha.

Casa abandonada hace pocos meses porque la señora que la habitaba no tenía el acceso natural a ella y siempre encontraba el camino cerrado por el broche.

En el informe de visita de Planeación del 2016, ante solicitud de un vecino afectado, se señala la siguiente irregularidad en el punto crítico, donde “se observa un acondicionamiento de un predio de aproximadamente 300 metros cuadrados, con fundaciones y levantamientos de 3 columnas con el fin de construir allí una pesebrera (…) No presentan planos aprobados ni licencia de construcción”. Con procedimiento de control en abril 5 de 2016 se le suspendió provisionalmente la obra “por no cumplir con las normas establecidas dentro del PBOT”. Sin embargo, Néstor Arango aún con estas irregularidades señaladas lo que se construyó no fue una pesebrera sino un edificio de tres pisos, y ante las quejas de la comunidad la alcaldía nunca actuó.

En el 2018 y en respuesta a un derecho de petición el 31 de octubre, desde la inspección municipal se notifica la existencia de un proceso en estado probatorio contra Néstor Arango, y una orden de demolición contra Omar Martínez “pendiente de los recursos humanos y materiales idóneos para realizar de manera satisfactoria la demolición ordenada”.

Un broche cerrado 

El paso no solamente lo cierra un broche sino la barricada permanente del propietario y de sus familiares que son vecinos: con orines, palos, machete, cuchillo y amenazas de muerte impidieron el paso de los campesinos que históricamente han sacado de allí la caña que cultivan y es su único sustento.

En la comunidad siempre estuvieron a la espera de que esto se solucionara por las vías legales y ante los oídos sordos de las sucesivas administraciones tuvo que venir Procuraduría Provincial. El pasado martes 16 de febrero desde Procuraduría hicieron una visita de campo para validar lo que la comunidad había manifestado en varios comunicados remitidos hasta esta dependencia pues en Girardota la comunidad no encontró respuesta. Solo reuniones. El 19 del mismo mes auditaron la alcaldía en horas de la mañana en especial la carpeta compilada por Personería en este proceso. Y el sábado 20 se da la visita de la administración al sector. Según el alcalde para antes de Semana Santa se demuelen las dos estructuras.

Los campesinos han esperado más de diez años para solucionar el problema del camino.

La comunidad quiere solucionar todo para bien de la mayoría de gente que habita el caserío de la parte de abajo y poder terminar el camino al que ya le hicieron el puente que se mostró arriba. La anterior administración de Vladimir conoció el problema, se reunió con la comunidad, prometió material para un fin de semana y este nunca llegó.

La comunidad reunió firmas, realizó derechos de petición, demandas ante Corantioquia y se asesoró con abogados que querían tomar el caso. Ante esta presión social y jurídica, finalmente se logra que el camino se libere de las cadenas, al menos cuando está la policía.

 Al Personero Kevin Bernal se le ha advertido del caso desde el inicio de esta administración y también ha hecho oídos sordos, es un funcionario que dice sí pero hace no. Dice sí porque parece siempre en campaña, en la cuerda floja donde se ponen los que quieren quedar bien con dios y con el diablo. Tuvo que ingresar sin permiso a su oficina una de las afectadas del sector para que pudiera atender este caso, aunque ya estaba remitido a Procuraduría.

Reunión de la comunidad con dos concejales y el Personero.

El memorial de agravios

La misma comunidad ha hecho el memorial de agravios, por aquello de que la historia no siempre la tienen que contar los vencedores, propietarios, mandamases. En esta querella varios habitantes del sector hacen memoria de algunos implicados tanto en la placa huella inconclusa como en el puente improvisado y, obviamente, en el desenlace de la cancha de fútbol y la edificación a ser demolidas. Tampoco olvidan que a las reuniones van los concejales a mostrarse y los funcionarios a prometer y esta vez esperan soluciones reales.

4 administraciones son las responsables por negligencia, incompetencia o favorecimiento a terceros en el caso de este predio. La de Guillermo Ochoa, las dos de Fernando Ortiz, y la de Vladimir que prometió, pero no cumplió.

María Eugenia Valencia

Concejala de la vereda en el año 2004, se hizo elegir con la promesa del camino en el sector, era uno de sus proyectos bandera y fue la promotora de la placa huella y el puente con el presupuesto de 60 millones. Nunca fiscalizó su construcción en el sector Martínez, ni en lo que terminó. Es la impronta de una clase política que repite las mismas prácticas: cosechar votos con las necesidades comunitarias, y a partir de ahí vender humo en forma de promesas.


Ingeniero César Carmona

En el 2009 cuando llega el material para la placa huella, fue el encargado del diseño y construcción del puente, por valor de 60 millones. Y después, ante las quejas de la comunidad por el abandono del mismo, la dependencia que pidió el presupuesto le exige a la comunidad que demuestre que eso es camino público o servidumbre para poder continuar con el camino y dejar de favorecer al señor Omar Martínez y su socio Néstor Arango, dueño de otro depósito cerca de la antigua inspección de Policía también con problemas con la comunidad por violaciones urbanísticas y de infraestructura con la vecindad, producto de sus intervenciones sin licencia. César Carmona fue funcionario de Planeación en la primera administración de Ortiz.


Jaime Madrigal

Actual funcionario de la administración. Fue promotor de la construcción de la cancha, conoció el proyecto y nunca lo desaprobó, aún sin normativa y hoja de cálculo ni estudio geotécnico que soportara las intervenciones de la cancha y el movimiento de tierras que implicaba. En el momento de la construcción de la cancha (2011 – 2012) Madrigal era funcionario de Planeación, por lo que los propietarios aprovechando su influencia pisotearon a toda una comunidad.


Marta Ruby, actual Inspectora Municipal

Ex funcionaria de planeación. En 2018 como Inspectora recibió los conceptos técnicos por parte de la dependencia de planeación, y contando con todos los soportes para hacer efectiva la demolición, nunca la llevo a cabo, cuando la estructura del edificio apenas era un esqueleto. Hoy en día a la administración le toca asumir 28 millones de demolición por la negligencia institucional. Según un líder comunal del sector “en el 2020 fue la funcionaria más omisiva, petulante y grosera con la comunidad con este caso”.

Ante su ausencia por pandemia se le otorgó el caso al inspector Daniel Moncada, quien  ordenó el sellamiento de la construcción y citó a los infractores con la voluntad de hacer cumplir la norma. Pero misteriosamente Marta Ruby interrumpe el proceso y hace que se lo devuelvan a ella diciendo que ahora sí retomaría el caso porque era de su competencia y conocimiento. A partir de ahí el infractor levantó el sellamiento en dos veces y terminaron obra blanca y el resto de la edificación en pandemia. Mientras tanto, Marta Ruby fingía revisar lo que ya conocía desde el 2018, para entorpecer y demorar la demolición. Desde agosto del año pasado le concedió a Néstor Arango un plazo de dos meses para un estudio hidrólogico que nunca se presentó. Dilató aún más el proceso.

Lo que la gente espera es poder transitar el camino, sacar la panela y que nadie la agreda por atravesar lo que ya es una frontera visible pero frontera al fin y al cabo en una vereda donde la mayoría son familias que se conocen, y no quieren padecer más esas divisiones arbitrarias del territorio. Se avecina entonces una demolición estimada en cerca de 28 millones de pesos. ¿Por qué tan arraigada esa práctica de las administraciones de dejar hacer - dejar pasar si al final nos sale caro a todos pues el gasto se cubre con el erario público? Quedamos atentos a la demolición antes de semana santa y a la respuesta de los vecinos implicados que cuando no hay policía agreden a los que abren el broche, impunemente.