Asociados del acueducto veredal de Juan Cojo reclaman transparencia

Por  Mauricio Hoyos

El Acueducto Veredal Juan Cojo-Las Cuchillas es uno de los más grandes del Municipio, con más de 720 asociados. Por cada 10 asociados hay un Delegado ante la Asamblea de Delegados, que es el máximo organismo de Administración y Dirección de la Asociación. En reunión del 14 de mayo de 2013) de la junta administradora con el sector Los Martínez, el administrador, Raúl Antonio Monsalve, habló de comentarios que generan “mal ambiente entre asociados y el acueducto, (que) no es beneficioso para nadie, ni para el acueducto ni para el mismo sector”.

Tienen razón los asociados para inquietarse, puesto que las denuncias que tienen en sus manos algunos delegados están fundamentadas y demuestran que hace rato están peligrando los intereses de Asuajuc (Asociación de Usuarios del Acueducto Juan Cojo-Cuchillas).

Razones de una triple renuncia

El 9 de febrero del presente año los señores Ramón de Jesús Anguila, Luis Eduardo Hincapié y Jhony Alberto Mejía, expusieron a los Delegados las 9 razones de para ofrecer renuncia a la junta directiva (el 29 de diciembre de 2012), dan claridad sobre el panorama: 

1) No han sido ejecutados nuestros objetivos de brindar una administración transparente, clara y oportuna, a pesar de las pautas aprobadas en las sesiones de la Junta Directiva; 2) No estamos de acuerdo con la ejecución de recursos y actividades sin respetar las normas y estatutos que nos rige, siendo una constante del Presidente y Administración la violación de la normatividad; 3) No apoyamos la mala ejecución de las funciones establecidas (…) las cuales el Administrador no cumple ni aplica (…) y estar devengando un salario que mensualmente supera un costo de $1.800.000 y a la fecha se ha invertido en Administración más de $22.000.000 (veintidós millones de pesos) sin obtener los resultados proyectados; 4) No compartimos la mala tramitología de la documentación que reposa en los archivos, especialmente los comprobantes de ingreso. 5) Denunciamos la mala ejecución de algunos recursos y donaciones hechas a las pasadas administraciones siendo Carlos Arturo Gómez el Presidente; 6) Denunciamos la permanente toma de decisiones por el Presidente y Administrador sin consultar a los demás integrantes de la JUNTA Directiva demostrando arrogancia y falta de liderazgo; 7) Proponemos la conformación de un Comité que investigue lo aquí denunciado y conjuntamente con el Comité de Vigilancia y Comité de Conciliación establezcan las sanciones a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente; 8) Dejamos constancia que hemos estado dispuestos a cumplir con todas nuestras obligaciones (…); 9) Dejamos constancia que el Administrador desconoce sus funciones y han sido frecuentes sus equivocaciones en el cargo (…).

Hasta ahora no se ha investigado. No hay sensaciones, no hay destituciones.

Estatutos violados

La Junta administradora apenas tuvo sus estatutos en febrero de 2011, conformándose como asociación, pero el acueducto existe desde 1995.

Pero todavía no está inscrita en la superintendencia de servicios públicos, según el comité de vigilancia, violando la ley 142

Se supone que los delegados deben conocer los estatutos, y la Junta de administración velar porque así sea, pero otro delegado informado afirma que eso no ocurre.

Y el comité de vigilancia anterior, sugerido por los estatutos, órgano garante de que se cumplan los estatutos y la ley, nunca tuvo el espacio requerido en la asamblea de usuarios. O fueron desestimadas sus investigaciones.

En reciente asamblea extraordinaria denuncia el ex-comité de vigilancia que algunos miembros de la junta directiva votaron, violando el artículo 83, en el capítulo VII de los estatutos, “Incompatibilidades y prohibiciones”. “Los miembros de la Junta Directiva, la Administración y el personal que labora al servicio de la Asociación, no podrá votar en las reuniones de las Asambleas Generales de Delegados”.

No hay vigilancia

En ninguna asamblea los dejaron presentar el informe completo, pues controvertía las actuaciones de Tiberio Gil, también presidente de la Junta de Acción Comunal y tesorero del acueducto, a Carlos Arturo Gómez (presidente), a Raúl Monsalve (administrador).

Detectadas las irregularidades, el señor Jaime Maya (del anterior comité de vigilancia), decidió denunciar todo en el Concejo, el 18 de febrero de 2011. Después, de la Junta Directiva, enviaron carta al Concejo diciendo que “desconocemos las personas que solicitaron la sesión” y “denunciamos que existen personas interesadas en difamar... por no apoyar intereses particulares”. Ha sido el modo de enfrentar las denuncias, pues ya han interpuesto varias demandas por injuria y calumnia contra los miembros del comité, que no han prosperado en los juzgados. Y se ha tomado la sola denuncia ante los asociados como veredicto de que hay calumnia, sin el respectivo fallo del juez, que determinaría sí hay o no “calumnia”.  

Se pregunta Jaime Maya a cuáles intereses particulares alude la Junta, dado que su preocupación han sido siempre los intereses colectivos de los usuarios del acueducto. En el Concejo no se hizo más.

Participan en política

Otro artículo de los estatutos violado fue el que impedía a cualquier miembro de la Junta Directiva participar en política (art. 12, estatutos): “el directivo, empleado o persona particular que use en beneficio propio  los recursos, bienes o inmuebles de la Asuajuc y que use el buen nombre de la Institución para campañas políticas, será destituido de inmediato”. 

Tiene pruebas el ex comité de que en las pasadas elecciones, además de que el Acueducto hizo una donación (lo que también está prohibido) para una fiesta del campesino en la vereda, se insertaron entre los regalos calendarios del candidato a la alcaldía Martín Bustamante, con quien venía trabajando el señor Tiberio Gil, actual presidente de la Junta de Acción Comunal,  y tesorero del Acueducto, además de aspirante al concejo en aquella época.

Dineros

Las más graves cuestiones que el anterior comité quiere expresar a la comunidad están todas relacionadas con el manejo del dinero y el mal manejo de los documentos del acueducto. Dice el art. 9, de los estatutos, en “Derechos de los Asociados”, literal g) “examinar, en su tarea de veeduría o de fiscalización, los libros de contabilidad, los libros de Actas de las Asambleas y de reuniones de la Junta”.

El 10 de septiembre de 2011 el ex comité de vigilancia se presentó a la oficina del Acueducto con el fin de solicitar el libro de actas de la actual Junta Directiva. Se les informó por escrito que dicho documento “no se encuentra en la oficina, se encuentra en poder del secretario de la Junta Directiva”. Firma Marleny Herrera Ríos, Directora Administrativa en ese entonces, quien trabaja para el acueducto desde su fundación.

El 16 de sep. Del mismo año se prestó el señor Carlos  Tobar, solicitando el borrador del acta del día 7 de septiembre de 2011, lo tenía el secretario de la Junta Directiva. Se solicita a la vez el acta de la reunión de la Junta Directiva del viernes 9 de septiembre, se les responde que está en la oficina y si “la Junta nos autoriza entregamos la copia”.

El 24 de septiembre de 2011, se presentan nuevamente los señores Jaime Maya y Carlos Tobar,  solicitando el acta de la Junta Directiva de la reunión efectuada el día 07 de Septiembre para leerla, “se les informó que en la carpeta de actas de Junta Directiva no se encontraba”.

En carta del  28 de septiembre de 2011, firmada por Mary Sol Henao, Secretaria de la Asociación, “hace constar que (…) el señor Carlos Tobar integrante de la Junta de Vigilancia se presentó a la oficina del Acueducto solicitando informe contable de los meses Agosto y Septiembre, se le informa que no es posible hacer la entrega ya que hay que pasarlo primero a la junta directiva palabras de la señora Marleny Herrera Administradora”.  Se excusa de no poder entregarlo.

Dice Jaime Maya: “A raíz de eso nos dio pereza volver (...) Queríamos ver muchas actas, qué se escribió, qué se dejó de escribir. No nos dejaron”.  Se viola aquí el artículo 9 de los estatutos, derechos de los asociados, g, que le  permite “Examinar, en su tarea de veeduría o de fiscalización, los libros de Contabilidad, libros de Actas de las asambleas y de reuniones de la Junta Directiva”.

Dice además en los estatutos que los miembros de la Junta deben vivir en la vereda o llevar en ella por lo menos 6 meses, no ocurre así, puesto que el señor  Carlos Hincapié, presidente, vive actualmente en el municipio de Girardota (art. 35 de los estatutos, d, “residir regularmente en la jurisdicción del Acueducto y como mínimo a la fecha de la elección llevar seis (6) meses de residencia. 

Una de las mayores sorpresas para el ex comité fue encontrar que en los informes de potabilización realizados mensualmente, en más del 50% salió que el agua fuera apta para consumo humano.

Derroche impresionante

En documento fechado el 22 de octubre de 2012, a los Señores Junta Directiva de la asociación, el señor Raúl Antonio Monsalve, Director Administrador,  afirma que durante la asamblea del 6 de octubre de ese año, el Secretario de la Junta Directiva, Luis Eduardo Hincapié ha denunciado “un derroche impresionante”. Solicitaba Raúl Monsalve presentar “un informe con hechos y datos concretos donde haya detectado los derroches a los que se refiere”.

“Pedimos asamblea para que nos explicaran el derroche. Nunca se dio porque no les convenía, que fueran a decir cuál era tal derroche. Tampoco dieron oportunidad en la asamblea para ventilar este caso”, afirma miembro del ex comité. Luis Eduardo fue uno de los renunciantes del 29 de diciembre de 2012.

Una obra reciente

La ampliación de las redes de alcantarillado también dio lugar a dudas a los delegados y al comité.  En primer lugar, el comité fue tomado por asalto al notar que la licitación para la obra se la habían dado a otra firma distinta a la elegida por la Junta Directiva, en su presencia, y que cumplió con la norma (expresa incluso en el Certificado de Existencia y Representación  de entidades sin ánimo de lucro, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia), en las funciones del presidente, numeral g: donde se especifica que se debe licitar previa  “presentación de tres cotizaciones en sobre sellado”, expresado también en los estatutos.  

En reunión de la Junta Directiva a la que asistió el Comité de Vigilancia, se eligió  la de Transferencia Agrícola Colombia Ltda., de julio 28 de 2011, por un valor total de $124.657.201.  La firma se hizo con otra cotización, encabezada con las siglas J.D.R, del 11 de agosto de 2011, por un valor de $152.559.815 millones, con un sobrecosto de casi 28 millones de pesos, que no fue aprobada en la misma reunión (Sesión de la Junta directiva del 7 de sept de 2011). 

Jaime Maya pidió investigación de la Contraloría, le respondieron que “encontraron méritos en los cuales juzgan a la administración porque incumplieron el contrato”.  

Y en el informe de la obra presentado por la Junta del convenio número 042 de cooperación (con el municipio de Girardota), donde la Asociación aportaba $29.996.670 y el municipio 100 millones, con otrosí de $45.597.027 aportados por el municipio, alarma a los veedores un ítem señalado como “otros” de $12.000.000, cifra demasiado alta para no ser especificado el gasto. El proyecto terminó costando $250.791.818, según este último informe.

Costos administración

En la reunión celebrada el 14 de mayo con de la junta administradora del acueducto con el llamado “Sector Los Martínez”, afirmaba Marleny Herrera: “Ningún integrante de la junta directiva tiene sueldo (…) Es sin ánimo de lucro. Cualquier puede pertenecer a la junta. Cualquiera de ustedes se puede postular. Nadie se gana un peso con esto”.

Pero en los informes de “Estado de Excedentes” (de Enero 1 a Diciembre 31 de 2011, de que dispone el ex comité veedor, aparecen un Item: COSTOS DE ADMINISTRACIÓN: en 2010 se gastaron: $42.393.989; y en 2011 fueron $50.584.406. Y en otro ítem se especifica: SUELDOS: $11.890.245 (2011) Y $8.139.286 (2010).

En el documento “Presupuesto para el año 2012” en el Item COSTOS, se habla de “Sueldos”: $15.840.580 (2012) y de $18.299.367 (2011). Con otros gastos que preocupan al ex comité: “Auxilio de transporte”: $2.019.00 (2012). Y uno de “Transporte”: $1.500.000 (2012). Con una cifra, bajísima, en “Arrendamientos”: $642.720 (2012). Y en el Item “Gastos de administración”, se plantea un presupuesto para  “Sueldos” de: $21.902.029.

Se presupuestaba, en otra página del mismo “Presupuesto para el año 2012”, pagar en arriendos: $2.991.120, que dividido 12 (meses) es igual a $249.260. Pero en el informe de “Ejecución presupuestal año 2.011”, hacia Mayo, se habían pagado $1.458.000, que pone el arriendo mensual ese año en $291.600, superior al del 2012. Y en informe de “Ejecución presupuestal año 2011”, en la casilla “Ejecución julio/2011” del ítem COSTOS, se da la cifra $360.000. Y en agosto del mismo año en la misma casilla se da la cifra: $412.000. ¿Cuál es la cifra correcta?

Al año siguiente, en el informe de “Ejecución presupuestal año 2012”, en la casilla correspondiente a “Ejecución Nov/2012”, la cifra se infla: $586.000. En el informe de “Ejecución presupuestal de enero 1 a diciembre 31 de 2010”, se pagaron $3.394.000, para un costo por mes de $282.833, este promedio de arrendamiento bajó al año siguiente, misteriosamente.

Donaciones

Se sorprende el comité de vigilancia por un ítem en “Gastos no operacionales” de “Donaciones”, por $1.568.300, prohibidas por los estatutos, cuyo patrimonio es intransferible. Ya en el informe de “Ejecución presupuestal año 2.011”, de Mayo, había en el ítem “Gastos operacionales” por concepto de “Donaciones”: $332.500.

Análisis de Agua

En el informe de “Ejecución presupuestal  de enero 1 a diciembre 31 de 2010” los análisis de agua valieron 1.710.982, igual a $142.581 mensuales. Para el 2012 (en documento “Presupuesto para 2012”) se hablaba de $1.369.505, suponiéndose un gasto de $114.125 mensuales. El año 2011 se habían ejecutado $1.294.428, igual a $107.869. Es el promedio. Pero en “Tabla de gastos año 2011, Abril, en el ítem “Costos y Gastos”, por concepto de “Análisis de Agua” salen $204.000. Y en esa misma tabla el arriendo sube a $294.000.

El señor Carlos Tobar decidió investigar cuál era el costo de un análisis de agua con la misma empresa contratada para hacerlos, Seilam s.a.s, teniendo estos costos: Análisis Microbiológico de Agua: $34.000, Físico Químico completo de agua $62.000, Físico Químico sencillo de agua, $36.000 (cotización del 05 de 2011). Calcula el comité el precio de dos análisis, más IVA, en 78.880.

Otros asuntos

En el “Diagnóstico de Acueductos rurales 2012” realizado por la administración consta lo siguiente respecto al de Juan Cojo-Cuchillas:

Índice de tratamiento no es de acuerdo a las características del agua cruda (procesos filtración, desinfección). No se poseen los equipos básicos para realizar el control de los procesos (solo se mide pH y cloro residual libre). Se presta el servicio de forma continua. Se requiere completar protocolo de higiene y seguridad industrial y Programa de salud ocupacional. No se realizan  los ensayos físicos, químicos y microbiológicos de control en la red de distribución, con la frecuencia establecida por la  Resolución 2115 de 2007. El personal no está certificado en las normas de competencia laboral correspondientes.

Hace poco se realizó convenio entre la Junta y la administración para la optimización de redes. A la fecha cuenta con buena infraestructura y tiene buena administración. Sin embargo, se debe hacer acompañamiento en temas de normatividad, comercial y financieros, además de reforzar el componente técnico-operativo.

OPERATIVO: Es administrado por la Junta Directiva.  Ampliación de las redes y la planta de tratamiento por demanda del servicio. Cuenta con una Administradora con contrato laboral a término indefinido. La Organización comunitaria cuenta con 720 asociados. Cuenta con 3 fontaneros y 1 Operador de Planta, todos con contrato laboral a término indefinido. No cuenta de manual de operaciones y cronograma de actividades.

FINANCIERO: Cuenta con los servicios de un contador con un contrato de prestación de servicios. Gestión de recursos para la ampliación de las redes y el componente de potabilización. Realiza balance Mensual de su contabilidad y movimientos. Declaran cada año impuesto sobre la renta. Los recaudos se realizan en la Cooperativa Financiera de Antioquia. La Tarifa de para la prestación del servicio es determinada en asamblea general.

TÉCNICO: El agua que suministra es apta para el consumo humano. Ampliación de la planta de tratamiento y de las redes de distribución. Cuenta con planta de tratamiento compacta y convencional para la potabilización del agua. Tienen manejo de aguas residuales en un 50%. No cuentan con macro medidor para el agua cruda. Cuenta con planos, memorias de cálculo hidráulico de los componentes del sistema.

 JURÍDICO: Cuentan con certificado de Existencia y representación legal otorgado por la Cámara de Comercio. Cuenta con contrato de condiciones uniformes para los asociados. Cuenta con concesión de aguas otorgada por la autoridad ambiental hace 3 meses. No cuenta con Plan Quinquenal. No están inscritos ni reportan información a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Conoce las leyes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios pero no se aplica”.

Esperamos que este informe, soportado en documentos, sirva a los Delegados del Acueducto para futuras decisiones. Y que el nuevo comité de vigilancia cobre la importancia que merece y promueve la legislación colombiana en materia de veedurías.