La lucha por el aire en Girardota tiene su estandarte

Cristian Zapata, abogado, Mgtr. en derecho ambiental, cabeza de la acción popular por el aire de Girardota.

Por M.H. Muñoz 

Lo peor que han hecho las “autoridades ambientales” ha sido negar que la contaminación atmosférica tiene efectos en la salud, criticando la relación causal entre esta y la morbilidad humana. Lo segundo peor, querer hacernos tolerantes al smog y no tener la honestidad para reconocerlo.

El horror atmosférico quedó demostrado cuando una bióloga de la Universidad de Antioquia, Luz Yaneth Orozco, realizó un estudio sobre el efecto del material particulado (PM10) en los linfocitos. Ese estudio determinó que (cita del fallo del Consejo de Estado):

“La exposición a ese tipo de agentes provocó mutaciones en el ADN de las células, lo que significa que son potenciales generadores de múltiples enfermedades, entre ellas el cáncer. El hallazgo más importante es que cuestiona los niveles permisibles de los contaminantes porque causa efectos aunque la contaminación de material particulado esté por debajo de la norma”.

Es decepcionante notar que las autoridades sufren de una gran pobreza conceptual, máxima expresión de una burocracia parasitaria. Su Gestión de la Calidad del Aire ha sido deficiente. Queda demostrado aquí que equiparar la situación de Girardota a la del resto de municipios del valle no es buen camino hacia la descontaminación del todo ni de la parte. Abarcando mucho, apretando nada.

Su mantra: el problema del aire del Valle de Aburrá se resolvía de manera “integral”. Desde Medellín no leían bien nuestro territorio. Y llegaban a negar la incidencia en nuestros vientos del Ancón de Comfama, entre Copacabana y Girardota.

Otro mantra, más fundamentado, de las autoridades, era que la contaminación del aire tanto en Girardota como en el resto de la cuenca se debía principalmente a las fuentes móviles, que aportan el 80% de las emisiones. Según registros, a veces, las industrias representan el 40% de la contaminación. Y algunas están localizadas en un perímetro estrecho.


Procopal, empresa de extracción de material de playa ubicada al borde del casco urbano de Girardota.

Para ajustar, como loritos, los funcionarios de turno repitieron el eslogan de mercadeo ambiental que hacía posible la magia negra del “desarrollo sostenible”, el mito que sostiene nuestra época aciaga. El resultado:

“Girardota, en los años 2012 y 2014, aportó el 24% del total de PM emitido en el Valle de Aburrá y, en el año 2016, el 46%. Esta estadística revela un crecimiento «exponencial anual significativo» de emisiones de material particulado, el cual tiene que ver con el aumento de las fuentes fijas que se han instalado en el citado municipio, como la termoeléctrica de la empresa ENKA que requiere de más de 220 toneladas de carbón al día”.


Carboeléctrica de Enka.

Pero cuando se aprobó aquella licencia concedida a Enka, los funcionarios del Área dijeron: “No podemos oponernos al desarrollo”.

Un proceso incómodo
Se empeñaban en normalizar los picos de contaminación. Evitaban y evitan todavía hablar del concepto de exposición crónica. Nuestras preocupaciones con base a datos que ellos mismos recogieron les parecían “subjetivas”.

En la defensa del municipio, que ya había cambiado de discurso ante la evidencia presentada por Pueblo, se concluía:

“A partir de indicios se puede concluir la existencia de un fenómeno crónico de contaminación atmosférica. Sin embargo, la A.M.V.A. no reconoce explícitamente dicha característica.”

Pero eso no engañó a la sala del Consejo de Estado, que evaluaron las pobres evidencias presentadas por las autoridades para disminuir la contaminación y concluyeron:

“No se acreditó la ejecución de actividades específicas de corto plazo que al día de hoy tuvieran un impacto significativo en la mejoría de la calidad del aire, especialmente en los períodos en los que se esperan altos índices de contaminación.”

Esta semana la noticia llegó a la redacción de El colombiano, nunca quisieron cubrir nada sobre la acción popular presentada ante el tribunal administrativo en 2018. Preguntan a Diego Agudelo si conoce el fallo, dice no necesitar de ningún fallo para hacer algo por el aire.

¿Hasta ahora qué ha hecho la actual administración de Girardota? Cristian Zapata, abogado ambiental y cabeza de la acción popular que hoy falla el CE y que los ha asesorado, dice:

“Los controles inmediatos se vienen fortaleciendo pero la planeación a largo plazo sigue estando nula. Hay anuncios de sistemas de monitoreo muy interesantes con la gente adecuada, pero siguen sin ejecutarse.

Para Zapata, devolver la estación del Siata sin haber tenido su propio sistema fue un error: "Nos dejó sin monitoreo en el peor año de contaminación que hemos tenido en mucho tiempo”.

Calentamiento global
El fallo del Consejo de Estado también tiene en cuenta que nuestras peticiones convienen para cumplir la ley del cambio climático 1931 de 2018, pues Colombia había asumido compromisos internacionales donde se entierra para siempre aquello del “desarrollo sostenible” y se cambia por un “desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono”. 

Pero quienes hemos metido las manos en este asunto no podemos cantar victoria enarbolando un papel. No si seguimos viendo lo siguiente desde las veredas de Girardota todas las madrugadas.