13 dic 2024

Vecinos de la vereda San Diego demandan al municipio de Girardota por construcción de PTAR

Futura PTAR Girardota Vereda San Diego
Sitio donde quedará la PTAR en la vereda San Diego, a la izquierda vemos la zona de impacto. 

Redacción

Con este se suman ya tres pleitos ambientales pendientes que la alcaldía de Kevin Bernal ha sido incapaz de solucionar, mostrándose como la de peor desempeño ambiental en los últimos años.

El Juzgado 14 administrativo del circuito de Medellín acaba de admitir la acción popular interpuesta contra el municipio de Girardota, EPM y el Área Metropolitana -AMVA-, ante las inconformidades que muestra la comunidad con motivo de la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR- en la vereda San Diego.

La demanda fue interpuesta por el ciudadano Carlos Arturo González Restrepo y apoyada por cerca de 60 personas más que se presentan como vecinos de la vereda y afectados con este proyecto.

La administración del alcalde Kevin Bernal había manifestado públicamente acompañar a la comunidad y atender las quejas que se tenían, relacionadas, principalmente, con la contaminación de malos olores que traería la nueva PTAR y la falta de distancias adecuadas a mantener con las viviendas.

Sin embargo, en reuniones celebradas entre la comunidad, personal de la alcaldía y EPM, todo se limitó a avisarles del proyecto y anunciar que el mismo no se podía cambiar. La alcaldía no habló de las irregularidades que ha tenido el licenciamiento de dicha PTAR, denunciadas ya en el pasado en este medio, y su única intervención fue para solicitar a EPM un supuesto informe que éstos se negaron a darle. Finalmente, sin mayores protestas, y aceptando ser desautorizado, en el acta de la reunión celebrada el 16 de octubre, se concluyó que el proyecto era irreversible y el alcalde se limitó a dejar una tímida solicitud en el acta: “El Acalde Kevin solicita que Epm revise el tema de la PTAR que se había desarrollado en el parque de las aguas, exponiendo que no estamos en contra del proyecto, pero es importante revisar la ubicación.”

Con las irregularidades documentadas, no estar en contra del proyecto es estar en contra de la comunidad. Posición que coincide con lo que ya había manifestado anteriormente el concejal oficialista Robert Marulanda, quien en sesión del concejo afirmó que el “el proyecto de la PTAR se tiene que hacer”. 

La última reunión que estaba programada, en la que la comunidad pretendía exponer las dudas y descontentos que persisten con el proyecto, fue cancelada de forma sorpresiva sin que la alcaldía diera ninguna explicación.

Vecinos de la vereda San Diego que participaron en los encuentros pasados manifiestan sentirse decepcionados con la actitud de la alcaldía, al punto que defendiera más la posición de EPM que la de la comunidad. Ese descontento terminó finalmente en la presentación de la mencionada demanda.

El doble discurso de esta alcaldía frente a los problemas ambientales parece ser una constante. La forma cómo pretende manejar esos problemas es prometer en público una defensa del ambiente, pero en privado proceder de manera contraria. Así se ha dejado ver con las otras demandas judiciales que persisten en la actualidad sobre los problemas ambientales del municipio.

Para empezar, con el conocido problema de la contaminación del aire en Girardota, si bien en campaña se prometió dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado que pide acciones concretas para la contaminación producida por la industria, ya después de las elecciones la administración de Kevin Bernal no mencionó nada sobre el tema en su plan de desarrollo; limitándose a negar el problema por completo y evitando pronunciarse en público sobre el tema.

Contrariamente, fueron desmontadas las medidas y avances que se habían tenido en administraciones pasadas, como los protocolos de control a las empresas y la ejecución de la política de gestión del cambio climático, mantenidas en la alcaldía de Bladimir Jaramillo; o el sistema de monitoreo y la autonomía para proponer medidas aparte de las del AMVA, mostrada en la administración de Diego Agudelo.    

Pero además de faltar a su promesa de campaña y desmontar los avances tenidos en alcaldía pasadas, esta administración presentó un alegato dentro del proceso judicial que se adelanta en el Consejo de Estado, negando que Girardota tenga problemas con su aire contaminado, y afirmando que el tema ya “carecía de importancia constitucional” pues lo ordenado en la demanda ya se había cumplido y el problema del aire ya había “sido resuelto por las autoridades judiciales” por lo cual “las órdenes impuestas por el Consejo de Estado han sido objeto de trámite de verificación de cumplimento.”

La actitud negacionista de esta alcaldía con la contaminación del aire, contrasta con los últimos informes emitidos de parte del AMVA, que señalan como en Girardota, en lapso de 10 años, hubo 76 muertes por causas atribuibles a la mala calidad del aire; siendo los niños, menores de 5 años, los más afectados; pues se registran 8.145 casos de consultas graves, lo que arroja un promedio de dos casos por día. Informes concluyen que la población infantil menor de 5 años de Girardota es la que presenta mayor riesgo de afección por enfermedad respiratoria en todo el Valle de Aburrá, superada únicamente por el municipio de Envigado.

Con semejantes cifras, no se entiende la actitud actual de esta alcaldía de olvidar sus promesas de campaña y negar la existencia del problema, mostrando una inacción que está costando, literalmente, niños muertos.

Adicional al problema de la PTAR en San Diego, y de la mala calidad del aire que mata niños del municipio, existe otra demanda ambiental que esta administración recientemente acaba de perder, y por la cual, de nuevo el Consejo de Estado le ha ordenado tomar medidas concretas, desatendidas hasta ahora. Se trata de la acción popular interpuesta por la comunidad de la vereda La Palma, por las inundaciones que vienen sufriendo años atrás, causadas por los socavamientos y remociones que realizan en la orilla del río empresas mineras, y sobre las que, ni el municipio, ni la autoridad ambiental, han querido realizar ninguna clase de control.

De nuevo el Consejo de Estado, en sentencia del 28 de septiembre de 2023, le ordenó a la alcaldía tomar medidas eficaces de control para no permitir más daños ambientales en la ribera del río, lo que incrementa la situación de riesgo de los habitantes de la vereda La Palma; así mismo, le pidió proceder a cerrar la escombrera que funciona en esa zona e imponer a la empresa RESTAURACIÓN AMBIENTAL EL TRAPICHE las sanciones respectivas y la obligación de restaurar los ecosistemas dañados.  

La administración de Kevin Bernal, que heredó el problema, ha sido incapaz de acatar estas órdenes. En el auto de fecha 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, que vigila el cumplimiento de esta sentencia manifestó que “se evidencia que tanto el Municipio de Girardota – Antioquia, como la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia vienen cumpliendo de forma parcial lo ordenado en la providencia que puso fin al proceso”. El Tribunal le impuso como plazo máximo para cumplir las órdenes dadas el mes de junio de 2025.

Se tienen entonces tres pleitos ambientales en los que se evidencia la misma conducta de la alcaldía de Kevin Bernal: mostrar una actitud pasiva, ignorar las órdenes judiciales y las quejas de la comunidad, y, sobre todo, jugar doble; negando en privado y ante los jueces los problemas que dice falsamente enfrentar en las declaraciones públicas. Al parecer las únicas demandas que le gustan al señor alcalde son las que el mismo interpone y gana, pero no las que pierde y debe obedecer para cuidar el patrimonio ambiental de todo el municipio. 




1 comments:

Anónimo dijo...

Kevin Bernal acudió en su campaña al voto de los sectores progresistas y de izquierda y mencionaba en su discurso que él iba a tomar lo mejor de los sectores para beneficio de Girardota, ahora que es alcalde se le arrodilla a la derecha como un facho más, aprobando impuestos descarados al Gobernador, dándole contratos grandísimos a Olga Mazo (candidata del centro democrático que se unió a Alejandro posada) y con modos operandi de la administración de Diego Agudelo, entregando gran parte de la administración a los caciques de Envigado ( Braulio Espinoza) ese parcero de Kevin pensó que engaño al Progresismo, pero nosotros sabíamos era falsito, aunque menos tirano que Agudelo y sus secuaces, vamos a ver con que van a salir en las próximas elecciones para cautivar El voto progresista y de izquierda jajaja