2014, año de grandes movilizaciones y lucha popular en Colombia

Foto: Marcela B.

Por Adelaida Nikolayeva

Las medidas económicas y represivas que tomó el gobierno colombiano el fin de año y el que comienza, son un agravio directo contra los sectores más pobres del país y contra la oposición política. Al irrisorio incremento del salario mínimo le siguió el aumento a los precios de los combustibles. Son decisiones que afectan, sin la menor duda, los bolsillos de los hogares colombianos haciendo aún más costosa la canasta familiar y más miserable la vida para la mayoría de ciudadanos.

A la ofensiva económica, se suma la destitución y muerte política del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, decretada por el procurador Alejandro Ordoñez, quien se ha convertido en un verdadero obstáculo para la paz. Se suma la persecución contra los dirigentes políticos de Marcha Patriótica y del movimiento popular en su conjunto, como es el caso de Francisco Toloza, miembro de la Junta Patriótica Nacional y profesor universitario, detenido el sábado 4 de enero y hoy un preso más de conciencia, entre los 9.500 que purgan condenas por cometer el delito de asumir la voz de la oposición. Lo anterior significa que una paz basada en justicia social y apertura democrática que habilite la participación política y el derecho a ejercer el poder sin cortapisas ni represión de la oposición, sigue siendo por ahora una quimera. Demuestra, por otro lado, el carácter antidemocrático y guerrerista de un gobierno que posa de democrático pero que en la práctica vulnera los más elementales derechos políticos y libertades ciudadanas.  

El gobierno arbitrario de Juan Manuel Santos, reconocido por su afinidad con los intereses de las multinacionales y los gremios que dominan la economía del país, jugó bien sus cartas desde el insignificante aumento del 4.5%, ($884 diarios) del salario mínimo, que no ayudará a acabar la inequidad social. Por el contrario, en materia salarial nos pone en el nivel de Haití y Honduras convirtiendo a Colombia en una completa vergüenza continental. Cómo será de irrisorio el aumento del mínimo que hasta un neoliberal vehemente como Álvaro Uribe Vélez lo considera bajito; y un aliado de los gremios económicos y del gobierno como Julio Roberto Gómez de la CTC lo considera lejos de las expectativas de los trabajadores.

Al insignificante aumento de $26.500 mensuales, estableciendo un salario mínimo de $616.000, le siguió el incremento del costo de combustibles en $120 el galón de gasolina y en $92 el de ACPM, así como la subida en el costo de la cuota moderada en salud, el reajuste en las tarifas notariales y el aumento en los peajes que opera el Instituto Nacional de Vías.

No contento con su contribución al gran capital y a sus socios oligarcas, la eliminación política de la oposición, los asesinatos y las detenciones arbitrarias y montajes judiciales contra dirigentes políticos tanto de Marcha Patriótica y del movimiento popular continúan en todo el país. En los escasos años de vida de Marcha han sido asesinados 25 de sus activistas y decenas más han sido encarcelados con base a montajes judiciales amañados, como en el caso de Huber Ballesteros, dirigente y vocero nacional, y ahora de Francisco Toloza. ¿Qué cosa distinta podemos concluir tras el reciente asesinato el 4 de enero de Ever Luis Marín Rolong, líder sindical de la CUT y quien laboraba en la empresa Cervecería Águila en Soledad, Atlántico? Que hay una política sistemática y criminal desde el gobierno apoyado en las instituciones del Estado como la Procuraduría y sus históricos aliados paramilitares, y que se expresa en la guerra sucia contra la oposición, los sindicalistas, los defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, indígenas, etc.

La dura ofensiva que enfrenta el  movimiento social y político por el cambio en Colombia, en el contexto de los diálogos de la Habana hacia una paz con justicia social y en medio de elecciones, llama a ampliar y profundizar la resistencia contra los ataques que lleva a cabo este gobierno con  más movilización y lucha, con más unidad dentro de la izquierda, con más construcción y organización del movimiento social y popular.

Este año 2014 tendrá, quizás, una connotación histórica mayor que el anterior a partir de las conquistas que logremos por medio de la lucha y el ejercicio de la oposición política. Pero también por la capacidad que demostremos en generar la más amplia y profunda unidad que nos lleve a ganarle terreno a la ultraderecha empotrada en instituciones del Estado, empeñada en continuar la guerra y en imponer un modelo económico que no garantiza una vida digna para la inmensa mayoría.

Ese es el gran reto del  movimiento social y político en Colombia. Y ello demanda claridad política. ¿Cuál es el rumbo? Entender acertadamente el tipo de coyuntura que enfrentamos. De un lado, la  defensa de la democracia, de lo público; la campaña y agitación electoral que nos permita posicionar verdaderos y consecuentes representantes de izquierda en el parlamento, sin hacernos ilusiones de que esa es la solución a los grandes problemas del país; y del otro, jalonar grandes movilizaciones, paros y huelgas que sirvan de contención a la ofensiva represiva y económica del gobierno. Pero para lograr dichos propósitos, se requiere de firmeza y coherencia ideológica que permita garantizar una adecuada acción política.

No basta un frente amplio para la lucha electoral, aunque es importante como medio para conquistar espacios de representación política en el Congreso y la Cámara, dos instituciones completamente deslegitimizadas, corruptas y al servicio de un viejo modelo económico y político. También es fundamental, quizás más, continuar con la protesta y movilizaciones que canalicen el gran descontento que hoy existe en el campo popular, quien sufre en carne propia la ofensiva del modelo neoliberal y su paquete económico que llevarán a encarecer más la vida. Situación que terminará, con gran probabilidad, por agotar la paciencia de amplios sectores populares, los cuales con una acertada táctica, podrían llevar a un estallido social sin precedentes. Esa es hoy la situación de trasportadores y propietarios de vehículos; de los campesinos a quienes les han incumplido la mayoría de demandas levantadas durante el Paro Nacional Agrario y Popular; de los estudiantes que ven como se diluye la posibilidad de una educación gratuita, de calidad y universal; de los trabajadores de la salud que luchan por modificar el actual modelo de salud en manos de privados y terceros que lo arruinaron; y de una inmensa capa de la población que siente que de nuevo la engañan y le mienten al tiempo que la castigan con decisiones económicas que no contribuyen a tener una vida digna y de calidad sino más miserable.

No hay tiempo para vacilaciones, 2014 será un año de grandes movilizaciones y lucha popular, único camino hacia la paz con justicia social, estable y duradera, y hacia el fin del conflicto armado. Le corresponde al movimiento social y político, junto a amplios sectores populares asegurar desde la resistencia y movilización la apertura democrática y la participación política en condiciones de igualdad y sin la amenaza del exterminio de la oposición: si queremos dar otro salto hacia el cambio histórico que reclama Colombia. ¡No hay Marcha atrás!