Especial: Conflicto armado en Girardota

A las veredas de Encenillos, la Meseta, el Yarumo, Juan Cojo, el Cano y el Palmar del municipio de Girardota, llegaron primero los guerrilleros, y los campesinos no tuvieron más opción que colaborarles con lo que les fuera posible. Pero cuando llegaron los paramilitares, la sangre se regó por entre los cañabozales.

Según los campesinos de la vereda Encenillos, que prefieren no ser identificados, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia llegaron al municipio a finales de la década de los setentas. Durante veinte años la guerrilla se tomó el poder de la cordillera oriental del pueblo. Sobrevivían de los “impuestos revolucionarios” que les exigían a las familias más adineradas. 

A los pobres no los molestaban, y salvo la explosión de un trapiche en la vía a Chorrohondo, que detonó las Farc porque su dueño no pagó la "vacuna", las veredas estaban tranquilas.

Para las FARC, estas veredas tenían una ubicación estratégica, pues limitan por el norte con el municipio de Barbosa, por el nororiente con San Vicente, y por el oriente con el municipio de Guarne. Así, si los milicianos se enteraban de una posible emboscada, podrían escapar fácilmente.

Los habitantes de la zona nunca opusieron resistencia a la presencia de los insurgentes. Sin embargo, en 1998, en el marco de las elecciones presidenciales de las que resultó electo Andrés Pastrana, Encenillos recibió un golpe fuerte.

Las FARC habían dado la orden de que ningún habitante de las veredas bajara a Cabildo, el lugar designado para las votaciones. Sin embargo, desde hacía muchos meses los líderes de la comunidad venían adelantando campañas a favor de Pastrana; José Dolores Bustamante era uno de ellos.

La muerte de José Dolores


Cuando Luis Ángel Bustamante y su esposa llegaron a eso del mediodía a su casa, después de haber depositado su voto en las urnas de Cabildo, sintieron el calor de un incendio a varios metros de allí. Al instante escucharon cinco tiros provenientes de la misma dirección que las llamas.

El 31 de mayo de 1998, Luis Ángel encontró a su hermano José Dolores tendido en la carretera, junto con los cientos de papelitos en los que se explicaba cómo votar por el candidato conservador Andrés Pastrana.

A José Dolores lo velaron en el Concejo Municipal. Los que fueron sus votantes, los curiosos, los familiares y los amigos más cercanos fueron a verlo por última vez en el recinto en el que en vida debatió y manifestó los problemas del municipio.

Encenillos se vistió de luto ante la partida del concejal. A partir de la fecha, el conflicto armado en Girardota, como en todo el país, dio un giro.

Los paramilitares

El bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia llegó hacia 1998 a las veredas del oriente girardotano con el fin de acabar con la guerrilla. No obstante, fue la población civil la que más sufrió.

Homicidios, amenazas, extorciones, secuestros y desplazamientos pulularon en la zona. Nunca antes la población campesina se había sentido tan violentada, tan impotente, tan intimidada.

Los campesinos recuerdan con dolor los gritos de los torturados, la sangre que manchaba las carreteras y los cañabozales, las jovencitas violadas y los muchachos reclutados. Cuentan que nadie podía subir a las veredas, que las paredes y los postes de luz estaban marcados con la sigla AUC, que a los muertos -muchos de ellos traídos de otras partes a morir en la tierra del señor caído- los arrastraban con cadenas de las costosas camionetas de los paramilitares. 

A las cabecillas del bloque Metro, que operaba en ese entonces en muchos de los municipios del Área Metropolitana, se les veía en la cabecera municipal, como Pedro por su casa. Sus centros de operación eran una casa cerca a la vereda El Yarumo, y Casa Verde, una propiedad entre las veredas El Cano y El Palmar.

Mientras tanto la fuerza pública ignoraba el problema. Muchas veces ni siquiera subían a hacer los levantamientos de los cadáveres. En el Concejo Municipal reinaba el silencio, pues según el entonces concejal Martín Bustamante Gómez, los concejales tenían orden de no mezclarse con los asuntos del conflicto y los paramilitares "no interferían para nada con nuestra labor". 

Desde la Administración el acompañamiento a las víctimas del conflicto fue prácticamente nula. 

El desplazamiento

En la investigación “Estado del arte sobre el desplazamiento forzado en los municipios del Valle de Aburrá entre 1985-2003”, la socióloga Sulman Hincapié encuentra que “el 23 de octubre de 1998 se dio un desplazamiento masivo de la Vereda El Cano hacia la cabecera municipal, con un total de seis familias, 35 personas entre adultos y niños; a las cuales se les prestó toda la ayuda por parte de la Administración Municipal en coordinación con la parroquia, la Personería Municipal y toda la comunidad de Girardota. Estas personas regresaron a su vereda a los ocho días con el acompañamiento de las anteriores instituciones.”

En 2001 se vuelve a presentar un desplazamiento masivo, con 60 personas que bajaron desde el Yarumo hasta el casco urbano. Fue la Diócesis quien les prestó ayuda inmediata. 

​“Como municipio expulsor, Girardota en la modalidad individual ha expulsado 22 hogares para 137 personas, y en la modalidad masiva (intraveredal), 15 hogares para un total de 65 personas”, testifica la investigación de Hincapié.

Hoy la gente ha retornado a sus tierras, a pesar de que según el personero municipal Guillermo León Vélez “los casos de restitución son muy pocos, pues en Girardota la mayoría de campesinos vendieron obligados, pero a buenos precios”.

Desde la administración son nimias las acciones por atender a las víctimas del conflicto oriundas de Girardota. No hay procesos de recuperación de memoria, ni de reconstrucciones colectivas.

La preocupación de la Personería es atender a los 1.527 casos de víctimas que se han desplazado desde otros municipios cercanos hasta las veredas y el casco urbano de Girardota. Aun así, las ayudas administrativas se limitan a lo económico, cuando la restauración psicológica y simbólica, contempladas como un pilar fundamental de la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras, queda simplemente en el olvido.

El doctor Congote

Carlos Congote, médico de la escuela de Héctor Abad Gómez y concejal del municipio, denunció públicamente "la situación que se viene presentando en Girardota" con respecto al paramilitarismo. "Sabemos también las órdenes que tienen los milicianos de urbanizar el conflicto armado no solamente en Medellín sino también en toda el Área Metropolitana y lógicamente también deducimos que si a estos milicianos los están sacando de la zona urbana de Medellín, se van a venir para los otros pueblos y municipios del Área Metropolitana, eso lo vamos a conocer como la metropolización del conflicto armado en todo el Valle de Aburrá", declaró en el 2002.



El 29 de noviembre de ese mismo año, Congote fue asesinado en su propio consultorio médico, en el que atendía a quien llegara así no tuviera con qué retribuirle. El crimen aún está impune.

Conflicto armado en Colombia



Según el docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina Gallego, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se registraron “2.400.000 desplazados y 18 mil combatientes muertos, sin contar los asesinatos de civiles y grupos étnicos, por ejemplo, 766 indígenas y 578 sindicalistas”. Sin embargo, el ejecutivo y su vicepresidente, José Obdulio Gaviria, llamaron a estas cifras “amenaza terrorista”.

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Apenas con la ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos aceptó que el país está inmerso en un conflicto armado. Pero a pesar de que recién se describió sobre el papel la naturaleza del conflicto colombiano, éste azota no solo a los grupos armados, sino también a la población civil, desde la década de 1960.

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Tres actores han participado directamente en el conflicto. Las Fuerzas Armadas del Estado Colombiano, los diversos grupos paramilitares de extrema derecha (de los que el más representativo son las Autodefensas Unidas de Colombia) y las guerrillas de izquierda (FARC-EP, ELN, M-19 y EPL). Además, durante la década de 1980 se sumaron a la lista los carteles de narcotraficantes del país, que propusieron a los diferentes actores una alternativa para financiar la guerra.

Las causas son muchas: la herencia del tiempo de la violencia bipartidista, la injusticia, la inequitativa repartición de la riqueza del país, la pobreza, el abandono del Estado y la falta de educación. Las consecuencias, peores que las causas: más de 80 mil civiles muertos y desaparecidos, y 4,5 millones de desplazados, esto de acuerdo con las cifras de la organización no gubernamental Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes).



Ninguno de los grupos armados que participan en el conflicto ha cumplido con las normas del Derecho Internacional Humanitario, que entre otras cosas prohíbe los medios y métodos militares que hagan daño a la población civil.

Entre 1998 y 2002, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana Arango inició un intento de diálogo y negociación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que únicamente dio como resultado la desmilitarización de la región del Caguán y el aumento de la tensión entre el Gobierno y las guerrillas.

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Cuando Álvaro Uribe Vélez se montó en el ejecutivo, adelantó un proyecto de ley que fue aprobado en el 2005: la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, que tiene por objetivo la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley.

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Los únicos que acudieron al llamado fueron los paramilitares. Según el excomisionado de paz Frank Pearl, durante un año desde la radicación de la Ley 975 se desmovilizaron 25 mil paramilitares y 25 de los 37 frentes. Sin embargo, desde ese entonces se han emitido solo cuatro sentencias contra los desmovilizados.