El puente de la discordia: el efecto Ortiz

Por Sergio Henao y Mauricio Hoyos

El puente que se inauguró el 7 de septiembre es una obra de Fernando Ortiz para la que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá puso la pequeña suma de mil doscientos millones de pesos. El contrato era para mitigación de riesgo en dos quebradas, además de construir un puente entre Jamundí y el Barro y de paso mejorar la movilidad de dicha zona. ¿Qué pasó con ese puente tan desastrado, como la mayoría de grandes obras de Ortiz, tan hábil para enredarlas y salir después ileso? 

Ese puente entre el Barro y Jamundí, como ya se comunicó en anterior artículo, se quebró semanas después de comenzar, no por falta de plata, sino de buena planeación. La improvisación y la falta de planeación es la marca de Ortiz. Le sucedió igual con contrato para acueductos veredales durante el último año de su primer período. 

Cuando fuimos a ver lo que había del puente, a principios de año, era un elefante blanco compuesto por dos moles gigantescas de concreto como para represar la quebrada de lado y lado. El vacío entre ambas moles que perduró casi dos años fue un escupitajo en la cara para esa comunidad.

 

Además, como está documentado, la construcción se hizo a base de atropellar a la gente. Más que soluciones, el puente ha dejado perjudicados.  

La principal y más seria de las acusaciones contra la obra: no beneficia a la población entera, sino a uno solo de los pobladores: Sergio Arboleda, que tiene unas marraneras a unos cuantos metros más arriba. Del que se dice que financió las campañas tanto de Fernando Ortiz como del actual alcalde Vladimir Jaramillo. 

Entre los damnificados por dicha mole a unos le tarjaron la casa debido a las explosiones, a otro le dejaron un barranco sin muro de contención, al de más acá le comieron un pedazo de tierra, a otro le dejaron el huerto al descubierto. Todos los vecinos se quejaron, a ninguno le han respondido.  

Pero la principal pregunta es ¿por qué se quedó la obra parada tanto tiempo si era tan necesaria para la vereda?

LA VERSIÓN DE LA ALCALDÍA

La obra comenzó hacia el 16 de junio de 2015, para hacerse en 150 días (a entregarse el 16 de noviembre de 2015). No había pasado un mes siquiera cuando la obra se detuvo (el 1 de julio de 2015) por los siguientes motivos: 1) espera de permiso de ocupación de cause, 2) ajuste de diseños de muros por ser de alturas mayores, 3) permiso de tala de árboles.

 

¿La obra había comenzado sin licencias? Sí. ¿Por qué el afán de empezar a construír sin las licencias? Luego se reanudó el 14 de septiembre de 2015 para terminar el 31 de enero de 2016, periódo que se prorrogó hasta el 29 de febrero de 2016. El 22 de febrero de 2016 se suspendió por segunda vez. El motivo, otra vez: falta de permiso de ocupación de cause. Según derecho de petición el puente se había alcanzado a construir en un 60%. Faltaba la plataforma para cruzar de un lado a otro de la quebrada.

Más de un año después el mismo permiso no se había tramitado por la entidad encargada de tramitarlo, ¿cuál era esa entidad? El Convenio # 715 de 2014 con el Área Metropolitana, reza en el ítem: “obligaciones de las partes. 3.1 (p6) DEL MUNICIPIO. 3.1.1. Adelantar todos los permisos, trámites, licencias, estudios y diseños requeridos, adicionales a los presentados por la entidad, que se requieran para el desarrollo de la obra”. 

Se durmieron con los papeles, ¿o estaban ocupados haciendo campaña?

Según el nuevo requerimiento de Corantioquia el nivel del puente debía ser mayor. Eso aumentó el valor.

 

Se prorrogó dicho contrato el 23 de mayo de 2017, adicionándose: $400´014.820 millones de pesos. Debería terminarse el 7 de agosto.  El valor se añadió sobre el costo total del contrato, 1.200 millones, para terminar únicamente un puente que no han dicho cuánto valió. 

¿Por qué tanto misterio con ese dato? Y como otras obras se metieron en el mismo contrato, la adición aparentemente no supera el 35%, pero, ¿podría decirse lo mismo sobre el costo unitario del puente? Así lo aclaró Diana Orlas: “la adición se hizo fue sobre el valor del puente”.

UNA OBRA INÚTIL

El principal alegato de la gente es que dicha obra no se necesitaba, hacemos éste énfasis para aportar otras aclaraciones. Quienes conocen la vía al Barro pueden atestiguar el mal estado en que se encuentra y la gente dice que quedó peor después de la obra, pues las volquetas que transportaban el material la terminaron de dañar. Según la señora Lucía Lenis, la carretera de El Barro no está en condiciones para que se conecte con un puente de esta envergadura: 

“Les mandamos un derecho de petición para que nos dieran cuenta de por qué no nos arreglaron la carretera, nos entregan un documento donde hay un acuerdo de que el señor (¿contratista?) en compañía con la administración, dejaba la carretera en perfectas condiciones”. Para eso hubieran tenido que hacer otro contrato, antes.  

Por otra parte y para acabar de ajustar, la obra tampoco fue socializada previamente.  Según la señora Sara Paris “era el colmo que nunca socializaron esa obra, nunca la necesitamos”. 

Otra marca de la administración Ortiz, pasar por encima de las necesidades reales de la comunidad, imponiéndoles obras.  

Ahí sí podemos decir con exactitud que entonces esa platica se perdió, pues en el convenio dice muy claramente: solicitar “Manual de Gestión Socio-ambiental Área metropolitana (anexado en convenio) que incluye un ítem de “reuniones con la comunidad”. Se menciona hasta el Video Beam y el refrigerio. La gente no olvida esos detalles. 

Otra cosa extraña es que la gente notó que “no hay valla que diga inicio-fin de obra, costos, etc”. Esto tampoco se hizo, según testimonios. Fue una obra en la sombra, sin bombos ni platillos. 

También decía el convenio que “en la obra a ejecutar se dará cumplimiento al manual de comunicaciones del Área Metropolitana, con la instalación de valla y construcción de tótem…”.

 

Cuando pararon la obra supuestamente porque  no habían hecho bien los contratos a los trabajadores (razón distinta a la expresada oficalmente después), “me llamaron y me dijeron, doña Sara, usted paró el puente. Porque era enemiga de un puente donde había una comunidad con miles de necesidades”. 

Además de los problemas administrativos señalados, intrigaron en contra de la comunidad para echarle la culpa de la obra inconclusa.  ¡Le echan la culpa a la comunidad de sus desórdenes!

La mejor razón para hacer el puente era que traería desarrollo agrícola a la zona, donde los campesinos podrían sacar más fácil los productos al pueblo. Pero se pregunta un vecino de la obra: “¿A ver la parte agrícola de por aquí?”. 

Por saber esto, el Comité Comunal pro Defensa de los Servicios Públicos, solicitó en derecho de petición estudios al respecto, solicitaron un “Diagnóstico y estudios previos que contemple al menos la siguiente información: a) Número de vehículos calculados que pasaran diario, incluyendo camperos, microbusetas y vehículos de alto tonelaje, b) Número de familias que se verán beneficiadas, es decir alcance de la rentabilidad social, c) Número de personas calculadas que puede atravesar este puente diariamente, d) Capacidad de tonelaje máximo del puente y número de vehículos cargados con ese tonelaje que transitarán según estudios, diario, semanal y mensualmente por allí, e) Costo total de la construcción del puente, f) Número de empresas que representan el potencial agropecuario y variedad de productos que deben ser sacados en vehículos y no en mulas o camperos, g) Indicadores de eficiencia,  eficacia y efectividad, social-demográfica del puente”.

Era mucho pedir que aquello estuviera justificado.  A eso no le dieron respuesta.

UNA OBRA DE CAMPAÑA

Tal vez la denuncia más grave respecto al puente tiene que ver con que el material de la obra, abandonada, se repartió para hacerle campaña a Vladimir Jaramillo. 

“Las investigaciones que hemos hecho qué dicen,  que fue que en la época de campaña se derrochó todo los materiales, que se regalaban toneladas de cascajo, arena, cemento y demás para promover la votación” (Julio Osorno, líder del Comité Comunal). La denuncia ciudadana por esos echos ya fue presentada a la Procuraduría Provinsial del Valle de Aburrá (radicada el 29 de agosto, E-2017756526) y a la Fiscalía General de la Nación (misma fecha, DSM-20170370713162).

La administración actual calla ante dichas denuncias, sin esforzarse siquiera en desmentirlas. Expresó Diana Orlas, de la secretaría de infraestructura: “Don Julio tiene la razón cuando dice que esa vez dijo que esa plata se había ido para otras cosas, que la plata se había malversado porque se había ido para campaña. Yo dije que no me constaba nada porque no estaba enterada, pero los invitaba a denunciar”.

 

¿Y LA INTERVENTORÍA QUÉ?

En una reunión reciente en la casa de un vecino afectado por la construcción, donde acudió el personero municipal, Edison Alberto Oquendo, la funcionaria de la secretaria de infraestructura, Diana Orlas y el secretario del alcalde, José Abel Ospina, una mujer, que dijo no tener estudios, los cuestionó así:

“¿Interventoría vigilia a favor del Municipio y no de la comunidad? Porque cuando la obra afecta a la comunidad nadie sabe nada y se tiran la pelota, mientras que cuando uno hace una cosa mal hecha ahí si llegan, tumban, todo el mundo sabe, todo el mundo se entera. Todo el mundo está ahí a ver qué plata se roba, se come y a uno lo dejan afectado, ustedes se deben apersonar de las cosas que hacen. Pienso que las cosas deben ser más serias”. 

Interventoría existía, tenía dinero para funcionar, pero ¿qué hizo? Se llamaba Sodicón S.A.S y cobró en marzo 2016 y en junio de 2017. 

El 22 de febrero de 2016 hubo reunión de la interventoría Sodicon S.A.S con la comunidad. En esta reunión se manifestaron problemáticas que había generado la obra a la comunidad.  Después se quejaría el Comité Comunal porque el acta de dicha reunión se redactó “a favor de los intereses del contratista y de la interventoría, que no dio oportunidad a la comunidad de participar en la redacción, ya que la manipuló excluyendo asuntos importantes, como la queja sobre la distribución de grandes cantidades de materiales en la comunidad, los daños a la vía y enrielado, los daños a la movilidad, los posibles daños a la propiedad de vecinos, los ecológicos y la explicación sobre el atraso de la obra que se debía haber entregado desde el año 2015, en la administración del Alcalde Fernando Ortiz y aún no se ha entregado”.  

En acta de reunión el 9 de julio de 2017, informa Julio Osorno, jefe del Comité atrás mencionado, que un tipo “lo abordó de malas maneras ofreciéndole plata para que no molestara más, cosa que no aceptó”.

 

Según el convenio con el Área Metropolitana, numeral  3.1.5 había que “destinar los recursos de los aportes del ÁREA única y exclusivamente en las obras requeridas para la atención de los sitios objeto del convenio”.

 

¿Se hizo así? 

Las personas afectadas por la obra pueden estar tranquilas, pues el contratista debe responder: lo dice el mismo convenio 715 de 2014: “el contratista deberá contratar póliza de todo riesgo en construcción por el 100%, que deberá prever mínimo las siguientes coberturas básicas: (…)  k. responsabilidad civil contractual en que incurra el asegurado por daños materiales causados a bienes de terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del contrato de construcción asegurado por esta póliza”.