Provinsoal: por un liderazgo distinto

Provinsoal, la organización popular de vivienda girardotana, tiene una nueva junta y van para adelante. 

Por Mauricio Hoyos

Un concejo preocupado

En la última sesión del concejo anterior nos enteramos de que la concejala Yolima Cano Guillén tendría un segundo periodo desafortunado. Todos los concejales se lamentaron por la tensa campaña. “No faltó sino el muerto”, se dijo incluso. A Yolima Cano se le acusó de doble militancia, un comportamiento que no tiene sanción jurídica, pero que es una mancha indeleble en su hoja de vida política. Se dijo que había apoyado al mismo tiempo a Martín Bustamante y a Fernando Ortiz. Ella alegó que sólo había saludado a Bustamante el día del cierre de campaña, noticia que voló hasta la fiesta de cierre de campaña de Ortiz, a quien apoyaba oficialmente. En esta última sede estaba su afiche, que según nos dicen, se cayó de la pared “accidentalmente”, permaneciendo en el suelo durante la fiesta y sin que nadie se atreviera a recogerlo, hasta que ella llegó y vio la escena: literalmente “estaban bailando sobre él”.

Al parecer no fue doble, sino triple militancia, pues también apoyó al ex personero Fernando Córdova, según afirman miembros de Provinsoal, la asociación de vivienda de interés social que Yolima Cano fundó y presidía hasta principios de este año. Esta organización de vivienda, que la montó dos veces en el concejo, pasaría de ser su caballo de batalla a convertirse en su principal traspié.

El 30 de enero de 2012, la señora Dora Elcy Castaño, elevó a la Personería Municipal una fuerte queja, no la primera, puesto que desde años antes se venía desconfiando de ella:

 “Solicito a la Personería intervenir en el caso del proyecto de vivienda de interés social –PROVINSOAL- liderado por la señora Yolima Cano Guillén. Lo anterior por la inconformidad que estoy presentando frente al manejo de los dineros recaudados para dicho proyecto, por ejemplo, CDT´s en entidades bancarias a nombre de ella. No presentan informes, ni balances, recibe dineros en su casa y no da recibos y a algunos les da recibos de caja menor, no sabemos en la actualidad qué dinero poseemos y así muchas cosas más”. 

Resume la situación y habla en serio cuando dice “así muchas cosas más”. La queja la recibió la anterior personera Jakeline Torres Marín. El 19 de febrero la situación llegó al concejo Municipal, sin ser una novedad entre los concejales, en la sesión dedicada especialmente al informe de la Personería, con un capítulo aparte para hablar de las OPV (Organizaciones Populares de Vivienda). Curiosamente, luego de dicho informe el presidente del concejo, el Dr. Hernán Torres, preguntó si la Personería estaba tranquila respecto las OPV del municipio. “Nada de fondo que tenga la Personería”, fue la respuesta.

Al principio de dicha sesión el mismo Dr. Hernán Torres hizo claridad en cuanto a la responsabilidad del concejo, de acuerdo al artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, numeral 7, de “vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda”. 


Esa y otras normas irán quedando olvidadas en el curso de esta historia.

Aunque en el municipio hay  4 Organizaciones Populares de Vivienda (Provinsoal, Arcoiris, Ciudadela Villa Real y Planvico), en los palcos del recinto sólo había asociados de Provinsoal. Ruth Marina Tobón, una de esas personas, comenzó por hacer una pregunta al concejo:

“¿Cuál es la inhabilidad que presenta Yolima Cano para liderar el proyecto siendo concejala?”. Y parece que estaba informada esta mujer, pues citó la Ley 136 de 1994, en su artículo 45, numeral 3, donde dice claramente que los concejales no podrán: “Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo”. ¿Desconocía esta norma el concejo?

Según dicha ley, Yolima Cano estaba impedida para estar en la junta directiva de Provinsoal, por lo mismo la concejala María Cecilia Valencia había renunciado a la junta directiva de la OPV Arcoiris.

El Dr. Hernán Torres expresó en aquella oportunidad que tenía una “razón jurídica” y pidió que utilizase otro mecanismo: consultar con la gobernación de Antioquia. “Quedo en las mismas”, dijo Ruth, pero el Dr. Torres le respondió: “le prometo que no queda en las mismas”.

Después Dora Elcy Cataño leyó la queja que había elevado a la Personería, citada arriba, alegando que “esta es la hora en que no he obtenido ninguna respuesta”.  Patricia Elena Correa, que también estaba allí, repasó las pruebas que tenía sobre las irregularidades en el manejo de dineros de Provinsoal, por parte de Yolima, y apuntaló: “queremos exigir al concejo vocería de nuestros intereses”. “Vamos a actuar”, fue la respuesta del concejo. Y el concejal Diego Uribe propuso crear una “comisión accidental”, que fue aceptada.

El conducto regular

La queja había sido en ese entonces remitida a la gobernación de Antioquia, a la oficina de Control y Vigilancia. Por recomendación y con acompañamiento de ellos, el 26 de febrero del presente año la Asociación celebró una asamblea en la que hubo quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones. Eligieron una nueva junta, quedando como nueva representante legal la señora Patricia Elena Correa, quien fuera la mano derecha de Yolima Cano, y la secretaria de Provinsoal desde su fundación, en el año 2002. Fue un primer paso para comenzar a recuperar la confianza en el futuro de la organización, puesto que la división interna los estaba esquilmando. Y las habladurías respecto a los malos manejos financieros de la organización eran ya pan viejo.

Yolima Cano tenía su conciencia tranquila

El domingo 4 de marzo Yolima Cano citó a otra asamblea en la Casa de la Cultura, a la que asistimos cuando comenzamos a investigar. En dicha reunión habló gente de una constructora, habló el abogado de Yolima, habló Yolima, hablaron algunos asociados, en su mayoría expresando su apoyo a la concejala. Todo parecía bajo control, las cosas marchaban. Las denuncias que habían llevado a que se conformara una nueva junta días antes fueron tachadas de “chismes”, y dicha junta  se consideró “ilegal”, puesto que para deliberar y tomar decisiones, según los estatutos, hay que estar al día con la organización. Si fuera así, y como también se informó que el 65 % de los asociados debían plata a Provinsoal, nadie podía deliberar.

Lo cierto es que cuando comenzó a hablarse de los malos manejos financieros de la organización, la gente reaccionó, naturalmente, dejando de dar las cuotas.

Yolima Cano se defiende

Cuando entrevistamos a Yolima Cano, al día siguiente de la reunión, estaba apesadumbrada. Su trabajo de diez años se venía a pique. Ya no era la representante legal de Provinsoal y estaba en duda su lugar en el concejo. Informados de todo lo anterior, le preguntamos por el panorama:

“Lo veo más como una fuerza oculta mucho más política, que un trabajo social. Detrás de las señoras hay otras personas, porque la persona que inició esto es una persona que estuvo conmigo nueve años, Patricia Elena Correa, uno en nueve años sabe quién es la persona y de un momento a otro no va a cambiar, diciendo que tenía los ojos vendados”.

A principios de año Patricia  y Ruth Marina Tobón, la actual secretaria, decidieron conocer la opinión del alcalde Ortiz respecto a su proyecto de vivienda. Ellas tenían noticias de las diferencias de Ortiz con Yolima. “En la asamblea anterior ella había dicho que no tenía ningún contacto con Ortiz, que a pesar de que él había quedado de alcalde y ella de concejala, él no la tenía en cuenta, ella le había hecho una cantidad de llamadas, más no encontraba respuesta del Alcalde”, dijo Ruth Marina Tobón, en entrevista reciente.  

Un día estaban en alcaldía, dispuestas a hablar el Dr. Ortiz, cuando apareció doña Yolima Cano. “De un momento a otro se apareció allá y cogió a esta niña así (agarrando a Patricia del brazo), y la sacó. Si yo pertenezco al proyecto como pertenece Patricia, ¿por qué no nos abordó a las dos? ¿Por qué sacó solo a Patricia a preguntarle qué estaba haciendo? Patricia entró lívida. ¿Que qué pasó? ¿Que qué estamos haciendo acá?  Si con el Acalde puede hablar cualquiera y de cualquier tema, no tenemos que pedirle permiso para hablar con el Alcalde. Entramos con ella. Le expusimos al alcalde las inquietudes que nos habían sembrado a nosotras. Y la actitud de la señora Yolima fue descortés, a ella (a Patricia) la trató de chismosa, a mí de desleal, porque yo, que vivo enseguida de Yolima, debí ir donde ella primero. Que ella ya no creía en ningún hijuetantas. Que qué iba a hacer. Y se puso a llorar. Pero que ella tenía su conciencia tranquila”.

Lealtad ciega

Lo cierto es que Ruth Marina Tobón había sido una defensora acérrima de Yolima Cano. Y no cualquier defensora. Había convencido a su familia y a muchos de sus amigos de votar por ella al concejo, estaba convencida de la verraquera de Yolima. “Y eso es lo que a mí me duele”, dice doña Ruth.

Y continúa: “…a todos los involucré para que creyeran en ella y le dieran un voto. Un voto es un voto de confianza, uno vota por una persona que uno cree que va a hacer algo no solo por uno sino por todo el municipio, por toda una comunidad. Le vendí esa imagen a más de una persona y entré en controversia verbal con más de una persona por defenderla, para que ella después me tratara de desleal, de chismosa, porque la confronté con las inquietudes que en mí habían sembrado. No me parece justo”.

Fue Ruth Marina la que una vez tuvo la valentía (porque había que tener valentía para contradecir a doña Yolima Cano), impulsada por otros asociados, de preguntarle por qué la urbanización habría de llamarse Villa Estephanie. Yolima había decidido que así se llamaría y a nadie había pedido opinión para tan delicada decisión. “Si vieran la salida de ropa que se me pegó. Porque este es mi proyecto, nació de mí, es mi idea, este proyecto es mío y es el nombre de mi hija. A mí me dijeron, que no la metiera a usted a la junta directiva, que usted era así, problemática, que usted era esto, era aquello…”.

El informe

Recientemente, la Oficina de Asesoría Legal y Control de la gobernación de Antioquia entregó a la actual junta de Provinsoal un informe previo de las investigaciones solicitadas, por queja radicada allá desde octubre de 2010. En noviembre de aquel año se abrió Acto de Apertura de Indagación Preliminar, mediante el cual “se abre el proceso de verificación de cumplimiento de requisitos legales y estatutarios” de Provinsoal.  Apenas el 17 de febrero del 2012 se hace la visita correspondiente.  Es lenta la justicia. Y son graves los resultados.

En dicha visita se demuestra que no eran infundadas las denuncias contra la concejala Yolima Cano, por el contrario, resulta extraño que tras diez años de malos manejos financieros de la organización esto apenas venga a investigarse.

Un resumen preparado por la nueva junta presenta los siguientes puntos:

1.      No existe libro de inventarios, registrado.

2.      No existen libros contables registrados, ni libro de asociados registrado.

3.      Falta información contable de los aportes extraordinarios de actividades como rifas y rendimientos financieros.

4.      No existe la póliza de cumplimiento y garantía de personas que manejan recursos. Los dineros los recibe una persona diferente al tesorero…

5.      Se manejan recibos de caja menor hasta por valor de  5 millones, incumpliendo con el requisito legal, tampoco hay reglamento de utilización de recursos de caja menor.

6.      El dinero debe reposar en una entidad financiera o en una fiducia, existen inconsistencias en los libros de soportes que lleva la asociación.

7.      No existe soporte de reingreso por un valor de 13.500.000 (trece millones quinientos mil pesos) del cheque que se le giró a la constructora Peso, ya que los estudios realizados sólo costaron 1.300.000.

8.      La representante legal maneja cuentas de la asociación haciendo retiros, sin contar con otras firmas como la del tesorero, como debería hacerse.

9.      No hay evidencia del cumplimiento de funciones del tesorero y el fiscal.

10.  La representante legal desborda sus competencias en múltiples actuaciones.

11.  La asociación viene incumpliendo la normatividad que rige las entidades sin ánimo de lucro, especialmente las contables, decreto 2649 de 1993.

12.  Se tiene contratada una secretaria, que no es asociada del proyecto, que recibe dineros en la residencia de la representante legal pero no posee contrato laboral ni de prestación de servicios.

13.  En el informe de egresos, hay un valor de 3.240.000 por pago de sueldos, pero no hay contratos que los sustenten.

14.  Arriendo y servicios públicos, aparece un valor en los egresos de 4.440.000, pero no aparece contrato de arrendamiento ni aprobación de la asamblea.

15.  Gastos de viajes y representación, hay egresos de 13.120.000, no hay soportes de gastos ni explicación de las gestiones llevadas a cabo.

16.  Retiros del proyecto, egreso por 34.522.940, no hay documentos que soportan la entrega de los dineros a los asociados retirados ni causas de retiro.

17.  No se presentaron ni libros contables ni balances correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, tal y como se solicitaron.

18.  No existe información contable de 2002 a 2006.

19.  La hija de la representante legal Ingrid Estephanie Cruz Cano, aparece registrada en el libro de asociados sin ningún aporte, según lo evidenciado.

20.  No hay autorizaciones de la asamblea general para que la representante legal autorice apertura de CDTs o cuentas bancarias de la entidad, violando el artículo 25, que determina que es función de la asamblea autorizar contratos superiores a dos salarios mínimos.

21.  No aportan presupuesto de ingresos, gastos e inversiones aprobados por la asamblea general, los presentados presentan un desfase del cual no se tiene aclaración alguna.

22.  No se encontró evidencia de la manera como se han percibido los ingresos correspondientes a los rendimientos del CDT del que se aporta copia, por un valor de 171.818.110, equivalentes a 5.498.179.

23.  Extractos bancarios y conciliaciones: hay movimientos en los extractos sin su correspondiente comprobante o soporte, por un valor superior a 200.000.000,  doscientos millones de pesos.

 (clic en la imagen para leer informe)

 

 

Debería ser todo

Y no es todo, lamentablemente. Hace dos años, como era costumbre en diciembre, la junta directiva se reunió y Yolima rifó un televisor LCD. Era un premio que daba el Banco de Bogotá por los CDTs que se tenían en la entidad. Se lo ganó doña Ruth Marina. En averiguaciones posteriores se dieron cuenta de que el premio era más que un televisor LCD. En carta del banco se lee que le entregaron a Yolima Cano: 2 minibares, 1 cámara digital, 2 equipos de sonido, 2 teatros en casa y 2 televisores LCD. La concejala alega que los tiene en su casa.

En el año 2005, apenas tres años después de nacida Provinsoal, con mucho esfuerzo y a punta de rifas, bailes, tamales, la organización logró recoger la suma necesaria para comprar el lote, un gran logro que llenó de esperanza a las 160 familias que componen el proyecto. Prueba de que la comunidad, cuando se lo propone, puede lograr cosas extraordinarias. El lote costó 494 millones de pesos, en las mangas conocidas como La Ferrería. También se le sacó provecho sin consentimiento de la organización: se vendía la grama, ahí quedan los huecos del negocio. 

Tras años de burocráticos y costosos estudios, hay planos, tiene vía de acceso, están listas las gestiones para acueducto y alcantarillado (gracias a la Administración pasada, que les dejó 300 millones de pesos).  Hay, pues, mucho camino recorrido y la nueva junta no está dispuesta a perder el fruto de tantos años de trabajo, que perviven a pesar de los problemas.

 “El sueño de todos es tener casa. En su mayoría son madres cabeza de familia. Mi esposo es trabajador independiente. También hay personas que trabajan en empresa. Muchas de las personas ya tienen el subsidio de Comfama, la carta cheque. Hay gente que tiene crédito preaprobado en Confiar”, nos dice la nueva representante legal,  Patricia Correa.

Alegra saber que es un proyecto imparable y que con transparencia y legalidad terminará por salir adelante. Tener casa propia es el sueño de miles de girardotanos. No hay cifras actualizadas.  Según la concejala Yolima Cano, “en el 2005 hicimos un pequeño sondeo en la zona urbana, nos arrojó como 2497 personas sin vivienda. Aquí hay muchas vecindades del chavo. Aquí los arriendos son demasiado caros, una casita de tres alcobas vale 600 mil más servicio. Están abusando del déficit de vivienda que tiene el municipio. Se especula mucho con los arriendos”.

Falta acompañamiento, vigilancia y control

Una cosa nos interesa dejar clara. Aquí muchos tienen responsabilidad. Yolima Cano lo dijo: “No ha habido el acompañamiento para que no cometamos errores y nos equivoquemos. Aquí hace años se organizó una OPV, Fenaviv, pidieron una plata y se desaparecieron. Como les decía a los señores de la Gobernación, qué tristeza que ustedes simplemente vengan a nosotros a hacer control cuando hay comentarios. Más que control el Estado tiene que acompañar y asesorar las organizaciones. La ley es muy clara. Nosotros nos organizamos empíricamente, nos dejan como una rueda suelta del Estado”.

Al principio se habló de los compromisos asumidos por el concejo. Quisiéramos resaltar las palabras de Ruth Marina Tobón al respecto: “Hasta el momento no nos han convocado a nada, no nos han dado una respuesta. Yo quisiera aprovechar este medio para que en el concejo abrieran un espacio y me dieran la oportunidad, yo me cuestiono, qué bueno que hubiera un ente que le hiciera control a los concejales, porque somos el pueblo, toda una comunidad que elegimos a cada uno de los concejales que está allá, creyendo en una cantidad de valores que ellos manifiestan y de repente, de la noche a la mañana, no hacen nada. No existen tales valores. Dicen no ser competentes para ayudar, para gestionar, temen pisarse las mangueras entre bomberos”.

Provinsoal tiene ahora oficina, la número 201, en el edificio El Montillo, donde piensan manejar todo más legalmente. Yolima Cano entabló una tutela contra la nueva junta, porque esta violaba su derecho al “debido proceso”, pero esta fue negada “por improcedente”. Algunos asociados todavía creen en ella y piden que se haga tabula rasa.