El acuerdo sobre participación política de la Habana: oportunidad histórica

Adelaida Nikoláyeva

El acuerdo sobre garantías de participación política firmado en la Habana es, por ahora, un acuerdo sobre el papel. Sin embargo, que las delegaciones del gobierno y de las FARC, dos de los actores políticos enfrentados durante más de cincuenta años en una desgastadora guerra hayan dado este paso trascendental, significa innegablemente un avance concreto en la búsqueda de un ambiente favorable para la conquista de la paz con justicia social.

Es importante analizar este hecho en un contexto más amplio que los diálogos para tener elementos de análisis que ayuden a despejar las dudas, y desentrañar el significado de la oportunidad histórica que representan los acuerdos alcanzados en la Habana.

Para empezar, en los últimos treinta años ha habido distintos intentos de poner fin a ésta guerra fratricida y alcanzar la paz como fin y derecho constitucional para todos los colombianos.

Un repaso a la historia reciente nos lleva a los primeros acuerdos que se suscribieron en el gobierno de Belisario Betancur (1982–1986). Durante su gobierno firmó acuerdos de paz el 24 de agosto de 1.984 con el M-19  en Corinto, Cauca y con el EPL en Medellín, Antioquia. Con las FARC el 28 de marzo en la Uribe, Meta.

Sin embargo, éstos acuerdos no pasaron la prueba del tiempo debido a la estrategia de guerra impulsada por poderosos enemigos agazapados de la paz dentro del Estado y las fuerzas armadas, que seguían teniendo un enorme peso e influencia e impidieron el avance a los movimientos populares que surgieron como resultado de los acuerdos. Tal es el caso de la Unión Patriótica y el Frente Popular que se lanzaron a participar de la apertura democrática que se anunció pero que nunca se cumplió. Realmente a lo que se enfrentaron los movimientos que nacieron de aquellos acuerdos fue al poder de un Estado históricamente blindado contra la oposición, donde el viejo bipartidismo seguía empotrado en el poder velando celosamente sus intereses económicos y políticos. Dicho intento de solución política fracasa por la represión Estatal y paraestatal que contaba con la alianza narco-paramilitar y que llevó al exterminio y genocidio político de la UP y las organizaciones que apostaron por una salida política al conflicto social y armado. En éste período fueron asesinados centenares de activistas y simpatizantes de la UP, así como su candidato presidencial Jaime Pardo Leal en 1986.

La década del 90 fue inaugurada por los acuerdos de paz del año 1.989, primero con el M-19 al final del gobierno de Virgilio Barco (1.986 -1.990), y luego en el gobierno de Cesar Gaviria (1.990-1.994) con el PRT, el MAQL (Manuel Quintín Lame) y el EPL. Los acuerdos alcanzados le dieron mayor fuerza a la demanda de amplios sectores de la sociedad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, acogida por el movimiento estudiantil a través de la Séptima Papeleta en las elecciones de mayo del año 90. Entre marzo y abril son asesinados Bernardo Jaramillo, presidente de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro, líder del M-19, ambos candidatos presidenciales. Bajo un ambiente de escalamiento del conflicto, el mismo día que son elegidos los delegados a la ANC el ejército lanza un bombardeo contra la sede del Secretariado Nacional de las FARC, en la Uribe, Meta, enterrando con ello la posibilidad de diálogos como medio para poner fin a la confrontación armada. Tras los ataques, las FARC, el ELN y un sector del EPL volvieron a la lucha armada.

San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, fue testigo del último intento de diálogo por una salida política al conflicto. El presidente Andrés Pastrana (1.998 – 2.002) y las FARC-EP acordaron conformar una mesa de diálogo, previa exploración durante el año 1.998 que llevó a la creación de una zona de desmilitarización y de una agenda temática conformada por 13 puntos, a encuentros y foros con comunidades, sectores sociales, representantes del poder económico, gobiernos y personalidades internacionales.

Si bien la experiencia del Caguán ha sido evaluada críticamente, una de las razones que llevó a su ruptura, jamás aceptada por el gobierno y las fuerzas armadas, fue la respuesta militar de la guerrilla para que el Estado frenara el avance paramilitar en todo el país, que como se vio en los años siguientes (2.002 – 2.010) sembró de muerte, masacres, desplazamientos y desolación en campos y ciudades. La otra razón que llevó al fin de los diálogos, fue el diseño del Plan Colombia por el gobierno de Pastrana que buscaba fortalecer las fuerzas armadas ante la ofensiva y amenaza en que se habían convertido las guerrillas, para lo cual propuso lanzar el Plan como una estrategia contrainsurgente y de afianzamiento de la oligarquía y de recolonización continental del imperialismo norteamericano.

El período de gobierno de Álvaro Uribe (2002 – 2010) es tal vez del que más sabemos en cuanto a su posición negativa y radical a cualquier proceso de diálogos y solución política negociada al conflicto armado. Es ampliamente conocida su intransigencia con la mesa de diálogo de la Habana al sostener como única alternativa a los problemas del país la guerra infinita contra el terrorismo y la oposición política en el país; su obsesiva insistencia en la estrategia de Seguridad Democrática de la cual sabemos sobre su costo social, jurídica, económica y en vidas para miles de colombianos; su papel en el surgimiento de las Convivir como matrices del paramilitarismo que se expandió por toda la geografía nacional; su obtusa oposición a reconocer que en Colombia existe un conflicto armado. No vamos a extendernos en aras al espacio, en caracterizar el período de gobierno de Uribe. La historia se ha ido encargando de dar cuenta de la corrupción, el crimen, la mentira, las chuzadas telefónicas, los miles de casos de asesinatos de civiles a manos de la fuerza pública presentados luego como falsos positivos, la amenaza, la falsa acusación y procesos judiciales amañados contra opositores, el engaño y la tergiversación grave que ha querido hacer de la realidad social y política pretendiendo que ésta sea a su amaño y antojo.

Entre lo último que acaba de afirmar el ex presidente de la  guerra sin fin, es que no comparte nada de lo que se acuerde en La Habana. Esto no tiene nada de extraño ya que siempre se ha opuesto a una salida dialogada al conflicto armado. Ha sido una amenaza y un obstáculo a cualquier intento de solución política a través del diálogo. Para éste halcón de la guerra los diálogos de la Habana avanzan pero para entregar a Colombia a los terroristas y al Castro Chavismo. En él, el partido Uribe Centro Democrático y la lista de senadores que se proponen elegir al Congreso de la República, y en  Óscar Iván Zuluaga su sucesor, quien una vez fue proclamado candidato presidencial declaró que su primer decisión de gobierno sería acabar con los diálogos de la Habana, está el mayor peligro para alcanzar una paz con justicia social duradera.

Hay que seguir denunciando y debatiendo hasta debilitar las posturas que aún sostienen la continuidad de la guerra en Colombia. Fortaleciendo el trabajo político, el movimiento popular y la izquierda para avanzar en la unidad y articulación del movimiento nacional por la paz.

Sin duda hemos avanzado, cada vez son menos pero más rabiosos y peligrosos los halcones y señores de la guerra y eso es una señal de que falta mucho para el éxito del proceso de diálogos y la paz necesaria para Colombia. Para que por fin descansen las víctimas de la guerra, los desplazados, los expropiados, los amenazados, los exiliados y se haga justicia, reparación y jamás se vuelvan a repetir crímenes de lesa humanidad como los que se han cometido en Colombia.

Las posibilidades que abre el acuerdo sobre participación política alcanzado en la Habana hay que verlas a la luz del papel que juega la unidad del pueblo en los cambios históricos. Aún faltan mayores niveles de unidad en el movimiento social y político que constituye al sujeto de los cambios sociales y políticos. Si bien es cierto en el país ha habido grandes manifestaciones de apoyo a los diálogos por una paz con justicia social, como la jornada del 9 de abril de Bogotá, el paro nacional agrario, cafetero y el Congreso para la paz, las movilizaciones y protestas nacionales en contra de los TLCs; existe todavía un sector ciudadano que aún cree en la continuación de la guerra como solución a la crisis estructural que vivimos.

Así mismo es necesario que la mayoría del pueblo colombiano asuma consciente y activamente ser el factor determinante y central del momento histórico que vivimos, apoyado en su condición de constituyente primario y soberano, que proponga un proyecto de sociedad alternativo al del capitalismo decadente de la vieja oligarquía y sus aliados globales, y actúe como factor humano y soporte real al fin del conflicto armado, lo cual no se logra únicamente con la firma de los acuerdos a que se llegue en la Habana. Por ello nada más acorde y vigente con el momento que el llamado de José Martí a los pueblos de Nuestra América:

“No hay proa que taje una nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, para, como la bandera mística del juicio final, a un escuadrón de acorazados. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos… ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.”

…Pero los hombres los demás hombres abren su pecho alegremente al sol

Establecen sus puños contra la desesperanza

sus fuegos vengadores contra el crimen

su amor de interminables raíces

contra la atroz guadaña del odio.

La angustia existe sí.

Como la desesperanza

el crimen o el odio.

¿Para quién deberá ser la voz del poeta?

Roque Dalton